El Congreso discute y resolverá en estos días el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para Sonora correspondiente al ejercicio 2011.
No hace mucho, la diputada presidenta del Congreso sonorense, Flor Ayala Robles-Linares, hablaba del significado que tiene esta responsabilidad para los diputados de oposición en esta etapa de vida legislativa.
Decía, entre otras cosas, que lo que pretenden, además de facilitar herramientas para el proceso de fiscalización de los recursos públicos, es buscar la forma de que se reduzca la discrecionalidad en la aplicación de los mismos y sean efectivamente cumplidas las disposiciones del Decreto que año con año se autorizan.
Un grillo lector de Garganta Profunda aprovecha el foro y lanza el dardo con un tema que, dice, merece salir a la luz.
Y habla del ‘esposo incómodo inhabilitado’, de la diputada Flor.
Se trata de Edgar Chávez Hernández, el ex subsecretario de Administración que junto con el ex secretario de Salud Óscar López Vucovich, fue ya inhabilitado por presuntamente haber ‘tomado’ recursos de manera inapropiada en la administración estatal pasada. El reclamo son nada más 20 milloncitos de pesos.
Después de este escándalo dado a conocer por el líder sindical y trabajador actual del Hospital General, Carlos Manuel González, quien oficialmente interpuso la denuncia ante las autoridades, se ha destapado pues que el esposo de la hoy diputada, es quien en ese tiempo entró a operar todos los recursos del hospital: gastos, pagos, compras, etcétera, etcétera, etcétera, a partir de la campaña del afamado Alfonso ‘vaquero’ Elías.
La denuncia fue interpuesta por dos puntos: haber autorizado licencias injustificadas con goce de sueldo, que dicen los números no son de a 10 ni de a 20 y ni 50, sino muchas más; y haber ´tomado´ recursos de una partida inapropiada para fines no conocidos, o al menos no expuestos contablemente.
Lo que sí está pasado es confundir la magnesia con amnesia y enredar las cosas con el tema del dengue, pero confirmado está que la denuncia fue interpuesta ante la Contraloría Estatal y el mismo Gobernador Guillermo Padrés, quien en su oportunidad dijo que este tipo de actos no serán solapados por su gobierno. Y ahí está también pendiente el desvío de más de mil 400 millones que él mismo denunció públicamente cuando llegó a la silla.
Habrá que esperar la reacción de la diputada Flor Ayala, que paradójicamente está por ley obligada a exigir y vigilar la correcta aplicación de los recursos y denunciar lo contrario, aunque se trate de su marido. ¿será?
Es la guerra de los puritanismos, demagogia de por medio
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