Edgardo Buscaglia, presidente del instituto de Acción Ciudadana en México e investigador senior de la Universidad de Columbia, escribió en la revista 'Variopinto' dos artículos sobre las situación actual de México en materia de seguridad y las líneas que debería seguir el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Edgardo Buscaglia, doctor en Derecho y Economía, presidente del instituto de Acción Ciudadana en México e investigador senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, publicó dos artículos en la revista Variopinto, en los números de noviembre y diciembre sobre seguridad, crimen organizado y los retos que enfrentará el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El primer artículo plantea que la crisis humanitaria y de seguridad que México vive hoy México presenta al nuevo gobierno desafíos históricos, pero también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional.
El segundo habla de las consecuencias que puede tener un Estado si no articula con urgencia las medias regulatorias para contrarrestar la corrupción y frenar la circulación de dinero sucio.
A continuación la versión íntegra de los textos de Edgardo Buscaglia:
Artículo 1: “Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?”
Edgardo Buscaglia/ Variopinto
Noviembre de 2012
La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional.
La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos.
Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional.
Ante la disminución cada día mayor de las barreras contra el flujo internacional de personas, capitales financieros, información y tecnologías, la falta de acuerdos de hecho subsidia la expansión de la delincuencia transnacional.
Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales (por ejemplo, productos de piratería y dinero falsificado) o bien legales (personas, automóviles, cigarrillos o joyas) pero a través de canales ilícitos.
Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos que suelen estar integrados por políticos y empresarios legalmente constituidos en los registros de la propiedad mercantil de diversos países.
También manejan grupos armados internacionales para proteger sus estructuras económicas y poseen franquicias en varias jurisdicciones geográficas que procesan las transacciones de bienes y servicios, y pagan tasas o cuotas a los directivos de la organización.
Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios.
Las de origen mexicano operan 22 delitos en 58 países. Con la única excepción del tráfico de material radiactivo, cometen delitos como la más variada trata de seres humanos (que es además un crimen contra la humanidad), incluyendo la de migrantes y de órganos, así como el contrabando de armas y otras mercancías, delitos cibernéticos, la piratería, extorsiones, secuestros y por supuesto el narcotráfico, más otros 12 delitos tipificados como propios del crimen organizado.
Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura —como la organización de El Chapo Guzmán o Los Zetas y afiliados, la Cosa Nostra siciliana, la Yakuza japonesa, las Tríadas chinas, el mkm o Rehman Dekai pakistaní sin dejar de mencionar la organización rusa de larga data Vory v Zakone— en conjunto operen en todo el orbe.
De acuerdo con reportes de actividades sospechosas emitidos por unidades de inteligencia desde 1998 hasta la fecha, esta expansión de las empresas delictivas a todos los países se gestiona con el fin de obtener insumos como las materias primas, precursores o seres humanos de países pobres como Bolivia, Haití, Somalia y Sudán, para luego establecer capacidades de producción y distribución (como es el caso mexicano o nigeriano) para finalmente vender el producto o servicio y colocar e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países de mayor poder adquisitivo, que concentran el 68% del lavado de dinero mundial.
En contraste, en un contexto general, la coordinación entre Estados para reprimir a las empresas criminales y la convergencia entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para prevenir la captura del tejido social por las mismas, dejan aún mucho que desear. Con raras excepciones, las sociedades civiles no cooperan operativamente más allá de conferencias lujosas o reportes financiados por ricas organizaciones o Estados integrantes de la ocde.
Un raro ejemplo de la mejor práctica y de admirable coordinación es la red italiana Libera, que tiene como objetivo establecer vínculos operativos entre asociaciones civiles latinoamericanas y europeas para instaurar mecanismos de apoyo a víctimas de las mafias y a sus familiares, ya sea en forma de refugio físico y patrimonial o asesoría jurídica, previniendo además que se reiteren los cuadros victimológicos.
Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de delitos, en su mayoría ligados al tráfico de drogas, lo que después genera un búmerang o paradoja de más corrupción y violencia, pues carecen de políticas públicas de coordinación operativa global para desmantelar el patrimonio ilícito de aquellos funcionarios de alto nivel que pertenecen a directorios de mafias o que solo fueron comprados por estas.
Un Estado débil por falta de controles, que genere mayor represión sin brindar justicia ni desmantele el patrimonio criminal y carezca de prevención social, sufrirá más violencia organizada y mayor corrupción. Este es el caso de México durante los últimos 10 años.
Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu: la Convención contra la Delincuencia Organizada, conocida como la de Palermo, y contra la Corrupción, también llamada de Mérida, ambas conjugadas con las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ambas convenciones poseen capítulos completos dedicados a la coordinación internacional de autoridades en áreas ligadas a las asistencias legales mutuas y judiciales en procedimientos penales, civiles y administrativos.
Sin embargo, a la hora de valorar la aplicación real de los artículos de estas convenciones de la onu se observa que, realmente, México solo lleva a la práctica un 43% de las cláusulas de coordinación internacional de la Convención de Palermo y un 15% de las del capítulo de coordinación internacional de la Convención de Mérida para combatir a la corrupción política, tanto mexicana como extranjera.
Por ejemplo, después de más de seis años de haberse ratificado la Convención de Mérida, este país todavía no posee un programa coordinado internacionalmente para la protección de testigos de corrupción; tampoco ha procesado ni siquiera un caso de recuperación internacional de activos derivados de actos de corrupción de políticos.
En lo que se refiere a la aplicación real de medidas de investigación, los mecanismos de coordinación internacional entre cuerpos policiacos han avanzado gracias a la intermediación y la asistencia técnica de la Interpol.
Sin embargo, las unidades de inteligencia financiera de distintos países solo se coordinan a través de muy acotados convenios bilaterales de capacitación y deliberan en lujosos foros internacionales, ante la total inutilidad operativa de la Oficina (local) de la onu para el control de las Drogas y la prevención del Delito (onudd) en México, que se ha transformado en contratista de los gobiernos federales de turno.
Así, la actual descoordinación internacional en áreas de inteligencia operativa limita la capacidad de los Estados para identificar, incautar y decomisar el tsunami de productos derivados de 22 tipos de delitos económicos organizados, y por lo tanto para reducir los incentivos económicos de las empresas criminales de diverso origen en cuatro continentes y con cabezas de playa en México.
En este marco de cooperación internacional limitado, Estados Unidos focaliza sus programas antilavado con México en las drogas, dejando de lado el similar énfasis y la aún más compleja cooperación de inteligencia y judicial que se requieren para avanzar contra delitos trasnacionales mucho más graves, como el tráfico de migrantes y de órganos, la trata de personas, la prostitución forzada y la pornografía infantil.
A esta defectuosa coordinación entre Estados Unidos y México se le suma el aún escaso intercambio de análisis de inteligencia basado en la desconfianza de sucesivos gobiernos estadounidenses por frecuentes infiltraciones mafiosas en las agencias policiales, judiciales y de inteligencia de México.
No existe más clara muestra de los vacíos de coordinación y sesgos de represión que la fallida Iniciativa Mérida.
Esta fue concebida en 2006-2008 y vendida a los mexicanos como un programa de cooperación «integral» de seguridad «pública» entre Estados Unidos, México y Centroamérica con el fin de «combatir» el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y el lavado de dinero, todo ello mediante programas de capacitación, asistencia técnica por millones de dólares que terminaron por asignarse en su mayor parte a consultoras privadas «cercanas» a las agencias federales estadounidenses y a consultores mexicanos «con posturas amistosas» hacia el gobierno de su propio país.
La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados.
Sin embargo, Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada, ya que según la dea el narco le genera a las mafias mexicanas un flujo de efectivo de entre 12 mil y 23 mil millones de dólares al año, mientras que el verdadero monto derivado de los otros 22 delitos organizados es exponencialmente mayor. Y mientras tanto Estados Unidos sigue concentrando aproximadamente el 18% del lavado de dinero mundial en su territorio.
Los programas de cooperación entre México y Estados Unidos propuestos hasta el momento no abordan los enormes vacíos regionales en materia de prevención social de la delincuencia organizada, tampoco abordan la hasta ahora fallida coordinación interinstitucional entre poderes judiciales y fiscales a nivel internacional, de forma que vaya más allá de las usuales capacitaciones-show en hoteles de lujo y de las extradiciones, que en México se utilizan como «válvula de escape» ante el sistema judicial mexicano corrupto y colapsado.
La cooperación bilateral tampoco aborda la formación de fuerzas de tarea conjuntas para el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, que involucren a aduanas mexicanas en red con unidades de investigación en esa materia en cada una de las 32 entidades federativas, con la unidad de inteligencia financiera federal y las autoridades fiscales representadas por auditores federales y estatales, todos ellos compartiendo sus bases de datos y capacidades operativas de campo de manera coordinada con sus homónimos de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe.
Este claro vacío de capacidades interinstitucionales internacionales representa para México la oportunidad de enfrentarlo con un replanteamiento mucho más abarcador y global de los programas de cooperación con los demás países de la Organización de Estados Americanos.
Y puede hacerlo profundizando operativamente (y no solo a través de foros y de reportes) los programas de cooperación con la Unión Europea (ue) en lo relativo a la prevención social de la delincuencia organizada, ya que, con ese fin, desde 1995 la ue ha adoptado políticas de seguridad humana dirigidas a ejercer con más frecuencia 58 derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales.
Esto va mucho más allá del negocio Tex-Mex de la seguridad pública. Los mencionados programas europeos han generado políticas que mantuvieron o redujeron las tasas de infracciones juveniles, delitos organizados y de reincidencia criminal a niveles entre 55 y 70% menores que de Estados Unidos. Por lo tanto, el modelo de seguridad estadounidense continúa fallando, mientras que el europeo produce los mejores resultados en seguridad humana.
Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.
Hay que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados.
Los choros y algoritmos prefabricados por pseudoacadémicos en Estados Unidos y México, «contratados» por el gobierno federal en turno, no sustituirán a este único resultado que toda persona de a pie comprende. Sin reducir las frecuencias de estos 22 delitos, la inversión doméstica y la extranjera directa no despuntarán para catapultar a México al crecimiento económico con todo el potencial que le otorga su estadio demográfico beneficioso.
Al adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos, la nueva administración federal mexicana le permitirá al país recuperar su rol como líder en la armonización regional de políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias (incluyendo la armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria del consumo y producción de drogas hoy ilícitas). La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.
