jueves, 13 de diciembre de 2012

Sedesol, la Secretaría de las cuotas y de los cuates

Ciudad de México, 13 de diciembre (Aristegui Noticias).-La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, presentó el miércoles 12 de diciembre a su equipo de colaboradores en Sedesol.
Destacan los nombramientos de funcionarios vinculados con el PRI mexiquense, PRI nacional, o bien con personajes polémicos como los ex gobernadores de Puebla, Mario Marín; de Oaxaca, Ulises Ruiz; con la lideresa del SNTE,  Elba Esther Gordillo, o con el programa Solidaridad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha sido históricamente asociada con la compra y coacción del voto, en los gobiernos del PRI y del PAN.  Ahí se controlan los padrones de asistencia de los programas sociales de combate a la pobreza. 
Así lo ha señalado el académico Sergio Aguayo en su estudio “Monitoreo de Programas Sociales en Contextos Electorales”, publicado en 2006 por el el Comité de Transparencia del Consejo Consultivo de  Desarrollo Social.
Los nuevos funcionarios de la Sedesol “responderán a la mejora de la política social del país”, afirmó el miércoles Rosario Robles en la presentación de su equipo. En el acto, la ex presidenta nacional del PRD no aceptó preguntas.

Aquí los perfiles de los nuevos funcionarios:
Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social y Humano:
Su último cargo fue el de secretario general de Gobierno en el Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, de cuya campaña fue uno de los principales operadores, luego de que declinara a participar como candidato del PRI a la gobernatura del estado.
Fue el presidente del congreso mexiquense y coordinador de los diputados del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien conoce desde hace más de quince años, cuando fue secretario particular del ex Secretario de Gobernación y ex gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet (actual Secretario de Educación).

Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial:
Su último cargo fue el de secretario de Desarrollo Económico en el actual gobierno coahuilense de Rubén Moreira.
Se desempeñó como Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, de diciembre de 1999 a mayo de 2005, en el gobierno de Enrique Martínez y Martínez.
En 2002 fue candidato a Secretario General del PRI en fórmula con Beatriz Paredes, propuesta como presidenta del partido; ambos perdieron frente a Roberto Madrazo Pintado y Elba Esther Gordillo, entonces priista.

Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación:
Trabajó en Solidaridad, programa emblemático del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Fue Secretario de Desarrollo Social en Puebla, durante el gobierno de Mario Marín; y fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en dicha entidad.

Emilio Zebadúa, Oficial Mayor:
Ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE). Fue secretario de Gobierno de Chiapas (de 2001 a 2003), en la administración de del perredista Pablo Salazar.
En 2006 aspiró al gobierno de Chiapas sin éxito. Intentó competir por el PRD, con quien rompió relaciones por no postularlo y se unió desde entonces al Partido Nueva Alianza, instituto político que lo aceptó como candidato; sin embargo, declinó y apoyó al candidato del PRI.
Su último cargo fue presidente de la Fundación SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), es un personaje cercano a Elba Esther Gordillo.

Héctor Eduardo Velasco, director de Diconsa:
Originario de Atlacomulco, el especialista en Comunicación Política fue coordinador de giras en la campaña presidencial del PRI este 2012.
En 2004, fue secretario particular adjunto de Peña Nieto cuando era candidato a gobernador del Estado de México. En 2005, continuó en el mismo encargo, pero con el priista como gobernador mexiquense; su puesto lo dejó para convertirse en diputado local.

Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconsa:
Es un hombre cercano al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, porque se desempeñó como Secretario Técnico de Gabinete y coordinador general de Comunicación Social en la administración del priista.
Fungió dos veces diputado federal y senador de la República por el PRI.

María Angélica Luna Parra directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol):
Fue miembro del Consejo Consultivo de Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad, del gobierno de Salinas de Gortari) y de la Secretaría de Desarrollo Social; Subdirectora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y diputada Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Además, se desempeñó como directora general del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México. 

Paula Angélica Hernández Olmos se encargará del programa Oportunidades:
Fue funcionaria durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo.
Se desempeñó como Consejera Política Nacional del PRI; Consejera Política Estatal; Delegada Especial del CEN en Jalisco; Coordinadora General de precampaña y Campaña para la Elección de Diputados Federales y Coordinadora de Financiamiento Privado en la Campaña para la gubernatura de Osorio Chong al gobierno hidalguense.

(Con información de Red Política y Proceso)

jueves, 6 de diciembre de 2012

¿’Pax mafiosa’ y organizar la corrupción?, dos artículos de Buscaglia

Edgardo Buscaglia, presidente del instituto de Acción Ciudadana en México e investigador senior de la Universidad de Columbia, escribió en la revista 'Variopinto' dos artículos sobre las situación actual de México en materia de seguridad y las líneas que debería seguir el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Edgardo Buscaglia, doctor en Derecho y Economía, presidente del instituto de Acción Ciudadana en México e investigador senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, publicó dos artículos en la revista Variopinto, en los números de noviembre y diciembre sobre seguridad, crimen organizado y los retos que enfrentará el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El primer artículo plantea que la crisis humanitaria y de seguridad que México vive hoy México presenta al nuevo gobierno desafíos históricos, pero también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional. El segundo habla de las consecuencias que puede tener un Estado si no articula con urgencia las medias regulatorias para contrarrestar la corrupción y frenar la circulación de dinero sucio.

A continuación la versión íntegra de los textos de Edgardo Buscaglia: Artículo 1: “Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?” Edgardo Buscaglia/ Variopinto Noviembre de 2012 La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional.

La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos. Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional.

Ante la disminución cada día mayor de las barreras contra el flujo internacional de personas, capitales financieros, información y tecnologías, la falta de acuerdos de hecho subsidia la expansión de la delincuencia transnacional.

Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales (por ejemplo, productos de piratería y dinero falsificado) o bien legales (personas, automóviles, cigarrillos o joyas) pero a través de canales ilícitos.

Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos que suelen estar integrados por políticos y empresarios legalmente constituidos en los registros de la propiedad mercantil de diversos países.

También manejan grupos armados internacionales para proteger sus estructuras económicas y poseen franquicias en varias jurisdicciones geográficas que procesan las transacciones de bienes y servicios, y pagan tasas o cuotas a los directivos de la organización. Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios.

Las de origen mexicano operan 22 delitos en 58 países. Con la única excepción del tráfico de material radiactivo, cometen delitos como la más variada trata de seres humanos (que es además un crimen contra la humanidad), incluyendo la de migrantes y de órganos, así como el contrabando de armas y otras mercancías, delitos cibernéticos, la piratería, extorsiones, secuestros y por supuesto el narcotráfico, más otros 12 delitos tipificados como propios del crimen organizado.

Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura —como la organización de El Chapo Guzmán o Los Zetas y afiliados, la Cosa Nostra siciliana, la Yakuza japonesa, las Tríadas chinas, el mkm o Rehman Dekai pakistaní sin dejar de mencionar la organización rusa de larga data Vory v Zakone— en conjunto operen en todo el orbe.

De acuerdo con reportes de actividades sospechosas emitidos por unidades de inteligencia desde 1998 hasta la fecha, esta expansión de las empresas delictivas a todos los países se gestiona con el fin de obtener insumos como las materias primas, precursores o seres humanos de países pobres como Bolivia, Haití, Somalia y Sudán, para luego establecer capacidades de producción y distribución (como es el caso mexicano o nigeriano) para finalmente vender el producto o servicio y colocar e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países de mayor poder adquisitivo, que concentran el 68% del lavado de dinero mundial.

En contraste, en un contexto general, la coordinación entre Estados para reprimir a las empresas criminales y la convergencia entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para prevenir la captura del tejido social por las mismas, dejan aún mucho que desear. Con raras excepciones, las sociedades civiles no cooperan operativamente más allá de conferencias lujosas o reportes financiados por ricas organizaciones o Estados integrantes de la ocde.

Un raro ejemplo de la mejor práctica y de admirable coordinación es la red italiana Libera, que tiene como objetivo establecer vínculos operativos entre asociaciones civiles latinoamericanas y europeas para instaurar mecanismos de apoyo a víctimas de las mafias y a sus familiares, ya sea en forma de refugio físico y patrimonial o asesoría jurídica, previniendo además que se reiteren los cuadros victimológicos.

Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de delitos, en su mayoría ligados al tráfico de drogas, lo que después genera un búmerang o paradoja de más corrupción y violencia, pues carecen de políticas públicas de coordinación operativa global para desmantelar el patrimonio ilícito de aquellos funcionarios de alto nivel que pertenecen a directorios de mafias o que solo fueron comprados por estas.

Un Estado débil por falta de controles, que genere mayor represión sin brindar justicia ni desmantele el patrimonio criminal y carezca de prevención social, sufrirá más violencia organizada y mayor corrupción. Este es el caso de México durante los últimos 10 años.

Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu: la Convención contra la Delincuencia Organizada, conocida como la de Palermo, y contra la Corrupción, también llamada de Mérida, ambas conjugadas con las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Ambas convenciones poseen capítulos completos dedicados a la coordinación internacional de autoridades en áreas ligadas a las asistencias legales mutuas y judiciales en procedimientos penales, civiles y administrativos.

Sin embargo, a la hora de valorar la aplicación real de los artículos de estas convenciones de la onu se observa que, realmente, México solo lleva a la práctica un 43% de las cláusulas de coordinación internacional de la Convención de Palermo y un 15% de las del capítulo de coordinación internacional de la Convención de Mérida para combatir a la corrupción política, tanto mexicana como extranjera.

Por ejemplo, después de más de seis años de haberse ratificado la Convención de Mérida, este país todavía no posee un programa coordinado internacionalmente para la protección de testigos de corrupción; tampoco ha procesado ni siquiera un caso de recuperación internacional de activos derivados de actos de corrupción de políticos.

 En lo que se refiere a la aplicación real de medidas de investigación, los mecanismos de coordinación internacional entre cuerpos policiacos han avanzado gracias a la intermediación y la asistencia técnica de la Interpol.

Sin embargo, las unidades de inteligencia financiera de distintos países solo se coordinan a través de muy acotados convenios bilaterales de capacitación y deliberan en lujosos foros internacionales, ante la total inutilidad operativa de la Oficina (local) de la onu para el control de las Drogas y la prevención del Delito (onudd) en México, que se ha transformado en contratista de los gobiernos federales de turno.

Así, la actual descoordinación internacional en áreas de inteligencia operativa limita la capacidad de los Estados para identificar, incautar y decomisar el tsunami de productos derivados de 22 tipos de delitos económicos organizados, y por lo tanto para reducir los incentivos económicos de las empresas criminales de diverso origen en cuatro continentes y con cabezas de playa en México.

En este marco de cooperación internacional limitado, Estados Unidos focaliza sus programas antilavado con México en las drogas, dejando de lado el similar énfasis y la aún más compleja cooperación de inteligencia y judicial que se requieren para avanzar contra delitos trasnacionales mucho más graves, como el tráfico de migrantes y de órganos, la trata de personas, la prostitución forzada y la pornografía infantil.

A esta defectuosa coordinación entre Estados Unidos y México se le suma el aún escaso intercambio de análisis de inteligencia basado en la desconfianza de sucesivos gobiernos estadounidenses por frecuentes infiltraciones mafiosas en las agencias policiales, judiciales y de inteligencia de México. No existe más clara muestra de los vacíos de coordinación y sesgos de represión que la fallida Iniciativa Mérida.

Esta fue concebida en 2006-2008 y vendida a los mexicanos como un programa de cooperación «integral» de seguridad «pública» entre Estados Unidos, México y Centroamérica con el fin de «combatir» el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y el lavado de dinero, todo ello mediante programas de capacitación, asistencia técnica por millones de dólares que terminaron por asignarse en su mayor parte a consultoras privadas «cercanas» a las agencias federales estadounidenses y a consultores mexicanos «con posturas amistosas» hacia el gobierno de su propio país.

 La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados.

Sin embargo, Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada, ya que según la dea el narco le genera a las mafias mexicanas un flujo de efectivo de entre 12 mil y 23 mil millones de dólares al año, mientras que el verdadero monto derivado de los otros 22 delitos organizados es exponencialmente mayor. Y mientras tanto Estados Unidos sigue concentrando aproximadamente el 18% del lavado de dinero mundial en su territorio.

Los programas de cooperación entre México y Estados Unidos propuestos hasta el momento no abordan los enormes vacíos regionales en materia de prevención social de la delincuencia organizada, tampoco abordan la hasta ahora fallida coordinación interinstitucional entre poderes judiciales y fiscales a nivel internacional, de forma que vaya más allá de las usuales capacitaciones-show en hoteles de lujo y de las extradiciones, que en México se utilizan como «válvula de escape» ante el sistema judicial mexicano corrupto y colapsado.

La cooperación bilateral tampoco aborda la formación de fuerzas de tarea conjuntas para el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, que involucren a aduanas mexicanas en red con unidades de investigación en esa materia en cada una de las 32 entidades federativas, con la unidad de inteligencia financiera federal y las autoridades fiscales representadas por auditores federales y estatales, todos ellos compartiendo sus bases de datos y capacidades operativas de campo de manera coordinada con sus homónimos de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe.

 Este claro vacío de capacidades interinstitucionales internacionales representa para México la oportunidad de enfrentarlo con un replanteamiento mucho más abarcador y global de los programas de cooperación con los demás países de la Organización de Estados Americanos.

Y puede hacerlo profundizando operativamente (y no solo a través de foros y de reportes) los programas de cooperación con la Unión Europea (ue) en lo relativo a la prevención social de la delincuencia organizada, ya que, con ese fin, desde 1995 la ue ha adoptado políticas de seguridad humana dirigidas a ejercer con más frecuencia 58 derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales.

Esto va mucho más allá del negocio Tex-Mex de la seguridad pública. Los mencionados programas europeos han generado políticas que mantuvieron o redujeron las tasas de infracciones juveniles, delitos organizados y de reincidencia criminal a niveles entre 55 y 70% menores que de Estados Unidos. Por lo tanto, el modelo de seguridad estadounidense continúa fallando, mientras que el europeo produce los mejores resultados en seguridad humana.

Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.

Hay que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados.

Los choros y algoritmos prefabricados por pseudoacadémicos en Estados Unidos y México, «contratados» por el gobierno federal en turno, no sustituirán a este único resultado que toda persona de a pie comprende. Sin reducir las frecuencias de estos 22 delitos, la inversión doméstica y la extranjera directa no despuntarán para catapultar a México al crecimiento económico con todo el potencial que le otorga su estadio demográfico beneficioso.

Al adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos, la nueva administración federal mexicana le permitirá al país recuperar su rol como líder en la armonización regional de políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias (incluyendo la armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria del consumo y producción de drogas hoy ilícitas). La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.

viernes, 23 de noviembre de 2012

Los 7 nombres de México, a través de los siglos

La última vez que el país cambió de nombre fue hace 95 años, cuando fue denominado Estados Unidos Mexicanos. Felipe Calderón propuso este jueves que sólo se llame ‘México’.
(Imagen: Gustavo Soledad) Redacción AN

El presidente Felipe Calderón anunció este jueves una iniciativa de reforma constitucional para cambiar el nombre del país de Estados Unidos Mexicanos a sólo México.
De aprobarse la propuesta del ejecutivo, esta sería la primera vez en 95 años que el país cambia de nombre. La última vez que cambió de nombre fue en la Constitución de 1917, cuando asume el de Estados Unidos Mexicanos.
Calderón justificó su propuesta argumentando que es momento de “regresarle su identidad a los mexicanos”. México es una palabra que viene de la lengua Náhuatl y se divide en dos partes: Metztli, que significa luna, y xiclti, que significa ombligo, por lo tanto México significa “en el ombligo de la luna”.
Todos los nombres El país, como entidad política nace en el siglo XIX. Algunos precursores de la Independencia lo llegaron a llamar la América Mexicana.
 El último debate legislativo sobre el nombre del país fue el sostenido en el Congreso de Chilpancingo (1813), donde algunos diputados propusieron que el nombre del país fuera Anáhuac, nombre con el que los mexicas denominaban a los territorios bajo su dominio.
El nombre oficial de México en la Constitución Política de 1824 era Nación Mexicana. Luego, en la Constitución Política de 1857, se cambió a “República Mejicana”. Y en la Constitución Política de 1917 se estableció como nombre oficial Estados Unidos Mexicanos.
Época colonial: Reino de la Nueva España (1535) América Mexicana (Sentimientos de la Nación, Congreso de Chilpancingo en 1813) Imperio Mejicano (1821-1823) Nación Mejicana (Constitución de 1823) República Mejicana (Constitución de 1857).
La Constitución de 1857 hace oficial el uso del nombre República Mexicana, pero en el texto se emplea también la expresión Estados Unidos Mexicanos. Imperio Mejicano (1863-1867) Estados Unidos Mexicanos (Constitución de 1917 a la fecha -en la Constitución de 1824 ya se había utilizado el nombre, pero no fue retomado hasta este año).
(Fuentes: Los nombres de México, Miguel Ángel Porrúa, 1998; México, Fernando Benítez, 1998, FCE; Viaje por la historia de México, Luis González y González, Secretaría de Educación Pública, 2010)

martes, 16 de octubre de 2012

La historia secreta de "El Lazca"

Anabel Hernández

El gobierno federal no necesita de la DEA para ofrecer datos contradictorios sobre Heriberto Lazcano, el ultimado líder de Los Zetas, ya que los propios archivos militares, policiales y del Cisen ofrecen versiones distintas. Sin embargo una ficha realizada por este centro de espionaje controlado por Gobernación, que abarca hasta 2007, contiene datos inéditos sobre la trayectoria del capo, historia que hasta ahora se mantenía en secreto.


Ciudad de México (Proceso).- Heriberto Lazcano Lazcano se convirtió en un dolor de cabeza para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde el 18 de febrero de 1998, cuando fue detenido por primera vez en Reynosa, Tamaulipas, en una camioneta Chevrolet Silverado con 325 kilogramos de mariguana. Y todo indica que lo seguirá siendo, aun después de que el gobierno federal lo ha declarado muerto.
En ese momento El Lazca o Z-3, como también se le conoce, ya había cruzado la línea que separaba su trabajo como policía judicial federal adscrito a Tamaulipas y la ilegalidad. Trabajaba ya para el crimen organizado, al que perteneció hasta el domingo 7, cuando fue presuntamente acribillado por la Marina. Su carrera criminal dejó una estela de muerte, violencia e impunidad.
Proceso accedió a una ficha elaborada en 2007 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y que concentra información recabada durante años por esta oficina de inteligencia.
La ficha dibuja claramente la trayectoria del cabo de infantería que se convirtió en uno de los criminales más violentos y poderosos en la historia de México, cuya organización –bautizada como Los Zetas– importó tácticas, disciplina y usos y costumbres del Ejército para el servicio del crimen organizado, lo que aumentó su eficacia y peligrosidad.
Dicha información contiene datos hasta ahora desconocidos y revela un punto de quiebre, cuando el buscado narcotraficante y líder del grupo paramilitar decidió dejar las filas del gobierno para trabajar de lleno en las del narcotráfico. Ésta es la historia secreta de El Lazca.
Nació en Navidad… tal vez

Heriberto Lazcano Lazcano, también conocido como El Verdugo, nació en la Navidad de 1974 en Pachuca de Soto, Hidalgo, se afirma en la ficha del Cisen. Esta información coincide con aquella que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) difundía en su página electrónica ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por el líder de Los Zetas. Aunque la ficha también señala que “en los registros de Estados Unidos aparece como fecha de nacimiento el 1 de enero de 1970”.
Llama la atención que la fecha de nacimiento registrada por el Cisen no coincide con la del banco de datos del gobierno federal –hasta ahora desconocido–, en el cual presuntamente se consultaron las huellas dactilares del cadáver que el gobierno identifica como el de Lazcano. De acuerdo con ese archivo, el capo nació en 1975. Que haya una discrepancia entre el gobierno de EU y México no es extraordinario, pero una discrepancia entre los registros del propio gobierno federal sí llama la atención.
Al padre de El Lazca se le menciona como Gregorio Lazcano García y a su madre como Amelia Lazcano Pérez. A Verónica Abigaíl Flores Rodríguez se le ubicaba como una de sus parejas sentimentales.
Información de la Sedena obtenida por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que Heriberto Lazcano se dio de alta en el Ejército el 5 de junio de 1991, a los 17 años. Ingresó como uno más de la tropa, con la matrícula B-9223601, y en 1993 ascendió a cabo de infantería, el primer escalón de la jerarquía militar. En ese puesto, reconoce la Sedena, aprendió el manejo de “armamento especial” y a “comandar escuadras”.
Según la mencionada ficha del Cisen, Lazcano fue integrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), cuerpo de élite creado, irónicamente, para combatir al narcotráfico.

De “gafe” a “judas”

Según la información del Cisen, a los 23 años Lazcano causó alta en la Procuraduría General de la República (PGR) como policía judicial federal y fue destacado en Tamaulipas, tierra del Cártel del Golfo cuyo líder, Juan García Ábrego, fue detenido y extraditado en 1996. Cuando Lazcano llegó al estado, el nuevo capo era Osiel Cárdenas Guillén, apenas siete años mayor que él.
De acuerdo con información recabada por fuentes militares, en 1997, cuando Enrique Cervantes Aguirre era secretario de la Defensa, comisionó a cientos de soldados para reforzar las operaciones de la ya muy corrompida Policía Judicial Federal que dirigía el general Guillermo Álvarez Nahara. Fue uno de los primeros experimentos serios del gobierno federal de sacar a miembros del Ejército de sus cuarteles y encargarles tareas policiacas, con resultados terribles.
En Tamaulipas esos jóvenes policías pronto fueron cooptados por el Cártel del Golfo; uno de ellos era Lazcano. Y con el tiempo se convirtieron en el brazo armado de la organización delictiva, los temidos Zetas.
En la ficha del Cisen se establece que Lazcano ingresó a la PGR el 15 de junio de 1997 como “agente C”, fue asignado a la delegación de Tamaulipas y dado de baja el 30 de octubre de 1997.
El documento informa que el narcotraficante perteneció al GAFE, del cual no desertó sino que se dio de baja el 15 de abril de 1998. El lema del cuerpo militar era: “Ni la muerte nos detiene y si la muerte nos sorprende, bienvenida sea”, el cual parece haber aplicado El Lazca en su carrera delictiva.
El 18 de febrero de 1998 personal de la Sedena detuvo en Reynosa, Tamaulipas, al Lazca con Julián Ramírez Carranza, Roberto Pérez Sierra y Martiniano de Jesús Jaramillo Silva. Se les aseguró un vehículo Chrysler Dodge tipo Van, modelo 1983, con placas de circulación ZYJ2795 de Estados Unidos, así como una camioneta GMC Chevrolet Silverado pick up, modelo 1994, color café y sin placas de circulación. Llevaban 325 kilos de mariguana y un teléfono celular, señala el documento confidencial del Cisen.
Esto ocurrió sólo ocho meses después de que el hidalguense había llegado como policía judicial a Tamaulipas, lo que revela que la cooptación del Cártel del Golfo a los gafes convertidos en judiciales fue muy rápida. Junto con Lazcano también se pasó a las filas del crimen organizado otro gafe que se desempeñaba como judicial: Arturo Guzmán Decena, el primer líder de Los Zetas.
En ningún renglón de la ficha se explica por qué, pese a la detención y el decomiso de droga, Lazcano fue puesto en libertad. Sólo se indica que después del suceso fue dado de baja de la PGR y del Ejército.
Según el archivo del Cisen, el primer gran escándalo en el que se implicó Lazcano fue el asesinato del comandante Jaime Rajid Gutiérrez Arreola, de la PJF, el 21 de marzo de 1999, a la altura del kilómetro 8+900 de la carretera Reynosa-Camargo.
El boletín número 244/99 de la PGR informa textualmente que por este homicidio se giró orden de aprehensión:
“Por la comisión de diversos delitos como son: Delincuencia Organizada, Homicidio, Contra la Administración de Justicia, Abuso de Autoridad y Encubrimiento, entre otros, en contra de: Lic. Carmen Oralio Castro Aparicio, ex-delegado de la PGR en el estado de Tamaulipas; Lic. Aurelio Soto Huerta, ex-subdelegado; Andrés y José Isabel López Rivas, Gabriel Ángel Gutiérrez Portillo y Ramiro García Eugenio, todos ellos ex-agentes de la Policía Judicial Federal; Juan Antonio Contreras Domínguez (a) El Tony y Manuel de Jesús Siordia Franco (a) El Manolo (civiles extraños a la delegación estatal); Eduardo Rendón López, Ministerio Público de la Federación; y Jorge Calderón Frías, médico legista del gobierno del estado de Tamaulipas; así como del narcotraficante Oziel Cárdenas Guillén.”
Ahí se afirma que la muerte de Gutiérrez Arreola “no fue resultado de un enfrentamiento a balazos con narcotraficantes, como se quiso hacer creer en la investigación original que se practicó por la delegación estatal de la PGR en Tamaulipas, sino que ésta se debió a una discusión por cuestiones monetarias derivadas de actividades ilícitas, en la cual estuvieron presentes: Carmen Oralio Castro Aparicio, Aurelio Soto Huerta, Juan Antonio Contreras Domínguez (a) El Tony, Manuel de Jesús Siordia Franco (a) El Manolo, Andrés y José Isabel López Rivas, Gabriel Ángel Gutiérrez Portillo y Ramiro García Eugenio, así como, a dicho de los inculpados, el narcotraficante conocido como Oziel Cárdenas Guillén”.
Pero en la ficha del Cisen se agrega que, según testimonio de la colombiana Andrea Posada Williamson, novia de Cárdenas Guillén detenida en noviembre de 2000, para entonces Lazcano ya era el encargado de la seguridad del capo del Cártel del Golfo.

Domicilios sospechosos

En la ficha del Cisen, que data de 2007, se hace referencia a varios domicilios relacionados con Lazcano, los cuales, se puede suponer, eran pistas para localizarlo. Pese a esto el capo no fue aprehendido.
El gobierno federal investigaba las siguientes direcciones en Pachuca: Privada Valle de Seco, casa 4, fraccionamiento Arboledas de San Javier; Retorno 4, Camelias 122, fraccionamiento Paseo de Camelias; Valle Imperial 150, fraccionamiento San Javier; y avenida Álamo y calle de Sabino 107, en la colonia Tezontle, donde Lazcano patrocinó la construcción del centro de catequesis Juan Pablo II de la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
También se relacionaba con él un domicilio en Vicente Rivapalacio 805, colonia Guadalupe Victoria, de Coatzacoalcos, Veracruz.
La ficha detallaba: “Información reciente señala que conduce una camioneta Sonora color azul con placas XBP1224, registrada a nombre de Jorge Reynaldo Alvarado Aguilar, con domicilio en calle La Playa, colonia Villa del Mar en Matamoros, Tamaulipas”, así como otro vehículo con matrícula RZV4109 que tenía registros de viajes a Estados Unidos y relacionaba a Los Zetas con ciudadanos de Jordania: “Las personas que manejan estos dos vehículos tienen conocidos en el mismo domicilio en San Antonio, Texas; uno de estos asociados es de nacionalidad jordana”.
Y se añade un domicilio más “en Plaza San Marcos Poniente 204, de la colonia Valle de San Ángel, Sector Francés, en Garza García, Nuevo León, el cual es utilizado por dos o tres presuntos kaibiles y una persona no identificada, al parecer Heriberto Lazcano Lazcano”.
Pese a toda esa información el gobierno nunca dio con él. Ahora, cuando oficialmente está muerto, lo sigue buscando.

martes, 11 de septiembre de 2012

Peña Nieto y su equipito

Jenaro Villamil

El equipo de transición de Enrique Peña Nieto resultó una colección variopinta de personeros de anteriores gobiernos mexiquenses e hijos de figuras públicas en desuso. Quedó muy poco espacio para los representantes de las otras corrientes que apoyaron su candidatura. Lo que queda claro es que una de las figuras importantes del futuro gobierno priista, desde la sombra, será Pedro Aspe, el secretario de Hacienda de Salinas de Gortari.

Ciudad de México (Proceso).- La intención de combinar operadores políticos de bajo perfil nacional y representantes de la joven tecnocracia se concretó esta semana con el anuncio del “equipo de transición” de Enrique Peña Nieto: 46 funcionarios, la tercera parte de ellos provenientes de la burocracia mexiquense, así como una decena de júniors y tecnócratas del sexenio de Carlos Salinas bajo la tutoría de Pedro Aspe, el exsecretario de Hacienda salinista que se convierte en uno de los poderes tras bambalinas más importantes del peñismo.
Sólo una minoría de los nombrados responde a alianzas con otros grupos priistas –especialmente los de Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Pedro Joaquín Coldwell– y ninguno de los 46 viene de la sociedad civil o de sectores empresariales o intelectuales aliados a Peña Nieto.
El futuro presidente del retorno priista no designó a ningún coordinador para las áreas de cultura y telecomunicaciones. Sólo dos posiciones parecen tener el sello de Televisa: Alejandra Lagunes, coordinadora de Gobierno Digital, y su esposo Rafael Pachiano, legislador “Juanito” del Partido Verde.
El segundo grupo de operadores políticos más importante proviene de Hidalgo, entidad que mantiene una vieja alianza con los mexiquenses desde la época de Carlos Hank González y la dinastía de los Rojo Lugo.
Por esta razón los dos coordinadores generales de este equipo son Luis Videgaray, responsable de la Transición Gubernamental, con tres vicecoordinadores y 23 coordinadores bajo su mando; y Miguel Ángel Osorio Chong, exgobernador de Hidalgo, coordinador general de Política y Seguridad, con dos vicecoordinadores y 12 coordinadores.
Además Peña Nieto nombró a cuatro coordinadores de su equipo personal: Erwin Lino Zárate, secretario particular; Francisco Guzmán Ortiz, coordinador de asesores; David López Gutiérrez –herencia del gobierno de Alfredo del Mazo González–, coordinador de Comunicación Social, y Andrés Massieu Fernández, coordinador de Identidad Institucional, hijo del exsecretario privado de Carlos Salinas de Gortari.
Conocedores de los entretelones de la política mexiquense comentaron a Proceso que Peña Nieto parece concretar con este primer equipo la vieja ambición de Carlos Hank González, el hombre fuerte del Grupo Atlacomulco durante décadas: combinar a operadores con tecnócratas, todos enlazados por los grandes negocios de infraestructura, transporte y servicios en el Estado de México.
De los 15 funcionarios provenientes del Estado de México la mayoría trabajó en los gobiernos de los dos “tíos incómodos” de Peña Nieto: Arturo Montiel y Alfredo del Mazo González. Ambos aspiraron a ser presidentes y los dos se quedaron a la mitad del camino.
Para otros observadores llamó la atención que en este primer equipo quedaran marginados otros exgobernadores mexiquenses, como Emilio Chuayffet y César Camacho, este último operador en la campaña presidencial desde la Fundación Colosio del PRI, mientras que otros personajes del “primer círculo” peñista quedaron en espera de su “premio”: Ricardo Aguilar, Luis Vega, Héctor Velasco y Benito Neme Sastre, a quien se atribuye el desastre electoral priista en Tabasco.
Escasas fueron las “sorpresas” de estos nombramientos. Los más mencionados fueron los casos de la experredista y exjefa de Gobierno capitalino, Rosario Robles, aliada de Peña Nieto desde 2005; Roberto Campa, excandidato presidencial del Panal en 2006 y vinculado con Elba Esther Gordillo; y María de los Ángeles Fromow, titular de la Fepade hasta 2007.
Dato singular: Robles y Fromow estuvieron vinculadas con el empresario de origen argentino Carlos Ahumada, considerado el “gran corruptor” dentro del PRD y artífice de los videoescándalos de marzo de 2004 contra los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador. La primera, como su pareja sentimental. La segunda, como socia en el tema de los videoescándalos, según el libro Derecho de réplica del propio Ahumada.
La mayoría de los 46 coordinadores del equipo de transición no se enteró de su responsabilidad exacta hasta las 22:00 horas del lunes 3, poco antes de la conferencia de prensa que ofreció Peña Nieto, el martes 4, en un hotel capitalino. Otros esperaban que sus nombres se “guardaran” para una secretaría de Estado y no para un equipo que durará sólo tres meses y cuya función principal será “hacer un diagnóstico y no una auditoría” de las distintas áreas del gobierno saliente, tal como precisó Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de Seguridad y Justicia.
El mismo día del anuncio Peña Nieto le bajó el perfil a su primer equipo como presidente electo. Aclaró que los 46 nombres enunciados no perfilarán a su futuro gabinete y que “en los próximos días seguiremos designando mujeres y hombres para cumplir distintas tareas”.
Peña Nieto afirmó sin que nadie le preguntara: “Quiero puntualizar que éste es el equipo de transición, que no puede entenderse y menos suponerse que estas designaciones hoy hechas públicas tengan que ver con la designación que en su momento habré de hacer de quienes serán responsables de las distintas áreas de la administración pública del gobierno de la República. Eso habrá de ocurrir a su debido tiempo”.
Después de los nombramientos Peña Nieto sólo presumió públicamente a Robles, quien lo acompañó a una gira por Durango. Al lado del gobernador priista Jorge Caldera, Peña mandó un mensaje críptico, más orientado hacia su propio entorno: “No es momento para dar mayor espacio a las diferencias sino para privilegiar las coincidencias, para que en los distintos ámbitos, público y privado, trabajemos en favor de lo que México necesita”.

Miranda Nava, los trabajos sucios

Fiel a su camarilla y congruente con la red de intereses formada desde el gobierno de su antecesor, Peña Nieto no hizo alianza más que con el mismo equipo que surgió de los gobiernos de sus tíos (Montiel y Del Mazo) y que lo llevaron a la gubernatura y a la Presidencia.
Después de Luis Videgaray el personaje más cercano e influyente en Peña Nieto es su amigo y compadre Luis Enrique Miranda Nava, famoso en el Estado de México por ser el “gobernador de facto” desde la Secretaría General de Gobierno y responsable de los “trabajos sucios” de operación política, espionaje y hasta compra-venta de opositores.
Miranda Nava fue designado vicecoordinador político y quedó bajo el mando directo de Osorio Chong. Durante la campaña presidencial los auténticos “amarres” y negociaciones para las candidaturas, las alianzas y los fondos provenientes de las entidades priistas estuvieron bajo la responsabilidad de este funcionario, quien formó parte de los golden boys de Montiel.
Toluqueño, hijo de Luis Miranda Cardoso –magistrado y expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México–, Miranda Nava inició el ascenso de la mano de Peña Nieto en el gobierno de Arturo Montiel (1999-2005).
Gracias a la relación de su padre con Montiel, éste designó a Luis Enrique Miranda coordinador de Asuntos Jurídicos; en 2000 ascendió a subsecretario de Asuntos Jurídicos y desde esa posición fue responsable de la estrategia penal contra los comuneros de San Salvador Atenco. Los integrantes del movimiento lo señalan como responsable de ofrecerles a los ejidatarios de la zona 10 pesos por cada metro cuadrado para el proyecto de construcción del aeropuerto alterno a la Ciudad de México.
En el proceso de sucesión de Montiel, Miranda Nava se alió a la entonces esposa del mandatario, la francesa Maude Versini, para cerrarle el paso a Isidro Pastor, exdirigente estatal priista, y facilitarle el camino a Peña Nieto, secretario de Administración y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local.
En el gobierno peñista Miranda Nava fue responsable de toda la operación política, policiaca y de espionaje desde la Secretaría General de Gobierno. Su firma apareció estampada en el famoso “pacto” con el secretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont, para evitar las alianzas entre el PRD y el PAN en las elecciones de 2011.
Otro episodio que retrata la forma de operación de Miranda Nava fue el caso de la niña Paulette Gebara, cuya desaparición y muerte a finales de marzo de 2010 generó la peor crisis de credibilidad del gobierno peñista. 80% de encuestados por la empresa Ipsos Public Affaire calificó “mal” y “muy mal” la actuación de las autoridades mexiquenses en ese episodio (Proceso 1752).
El entonces dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez, señaló en entrevista con Proceso a Miranda Nava como el responsable del viraje de 180 grados en la investigación del caso, después de que el entonces procurador mexiquense Alberto Bazbaz Sacal declarara el 31 de marzo en conferencia de prensa que no había duda de que el caso de Paulette era “un homicidio” y apuntó a la presunta responsabilidad de los padres, vinculados con la red de negocios y alianzas peñistas. “Ni modo que se la hubiera llevado Harry Potter”, dijo Bazbaz.
Un fin de semana le bastó a Miranda Nava para modificar el dictamen, cambiar a Bazbaz por Alfredo del Castillo y reorientar el caso. Construyó la hipótesis de la muerte accidental de la niña, llamó a líderes de los partidos opositores para convencerlos de que la menor murió accidentalmente, sin que nadie se diera cuenta de que su cuerpo permaneció casi 10 días en su habitación.
“Miranda Nava nos trató de convencer, de manera muy amable, a través de un extenso video de la procuraduría, donde se ve cómo los peritos encontraron el cadáver de la niña en avanzado estado de descomposición”, recordó Sánchez.
“El problema con Bazbaz es que le gusta salir mucho en los medios y cometió muchos errores”, les dijo Miranda Nava.
Después de ese episodio Bazbaz renunció y fue sustituido por Alfredo del Castillo, quien también se integró al equipo de transición de Peña Nieto como coordinador de Justicia.

Operadores de grandes negocios

Los otros funcionarios provenientes del Estado de México han estado vinculados con los grandes negocios inmobiliarios, de transporte, de infraestructura y de agua que se generaron en las administraciones de Montiel y Peña Nieto.
Alejandro Nieto Enríquez, nombrado secretario técnico de la Coordinación General para la Transición Gubernamental, es un funcionario con más de 30 años de experiencia en el servicio público estatal y federal. Fue secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en los gobiernos de César Camacho y de Arturo Montiel. Como tal fue responsable del cambio del uso de suelo de muchos proyectos inmobiliarios donde estaban los intereses de fuertes grupos de constructores aliados a Montiel.
En 2009 Nieto Enríquez (sin parentesco con Peña) fue nombrado subsecretario de Información y Desarrollo Político, a las órdenes de Miranda Nava. Fue el artífice de la operación de recuperación electoral priista en la entidad en los comicios municipales y federales de ese año.
El cable 09México2778, filtrado por Wikileaks, menciona a Nieto Enríquez como anfitrión de una delegación de observadores políticos de la embajada de Estados Unidos. A ellos les confió la estrategia para elevar a Peña Nieto en las encuestas.
Fue compañero de bancada en la LV Legislatura de José Antonio González Fernández, uno de los principales tutores y amigos de Peña Nieto, y del exgobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma.
La oficial mayor del equipo de transición peñista es Marcela Velasco González, exsecretaria de Desarrollo Urbano mexiquense y exsubsecretaria de Administración de Finanzas del Estado de México. Grupos de colonos la han acusado de peculado y corrupción al autorizar conjuntos urbanos en la entidad más poblada del país.
Gerardo Ruiz Esparza, funcionario que viene de la época de Alfredo del Mazo González, fue secretario de Comunicaciones del Estado de México, coordinador de giras en el sexenio de Carlos Salinas y fue nombrado coordinador de Infraestructura en el equipo peñista. Se le señala como futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que cambiaría su nombre a Secretaría de Infraestructura.
Durante la campaña presidencial Ruiz Esparza fue coordinador de compromisos en campaña. Su nombre apareció como responsable de un documento titulado Anteproyecto de compromisos de Enrique Peña Nieto con las mujeres. El plan proponía entre otras cosas la producción de telenovelas para promover “valores” y “discurso de género”, según publicó Reforma el 3 de marzo. El equipo peñista negó la autoría de esos documentos.
Otro personaje que proviene del montielismo es Juan José Guerra Abud, designado coordinador de Medio Ambiente por Peña. Guerra es un conocido promotor industrial en el Estado de México, especialista también en recaudación de fondos privados. Fue el primer jefe de Peña Nieto como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Emilio Chuayffet, cuando sustituyó a Arturo Montiel en esa dependencia. Montiel lo convirtió en uno de los principales vínculos con la industria automotriz.
David Korenfeld Federman, alcalde de Huixquilucan durante el montielismo (2003-2006) es el interlocutor de los negocios de la comunidad judía mexiquense con Peña Nieto. Fue secretario de Obra Pública en el Estado de México y coordinó el área de Evaluación y Seguimiento durante la campaña presidencial. Peña lo nombró coordinador de Agua, identificada como una de las áreas de mayores inversiones privadas en el futuro gobierno.
Enrique Jacob Rocha es otro viejo operador político mexiquense que trabajó para Arturo Montiel y para Peña Nieto. Fue director jurídico, subsecretario de Asuntos Jurídicos y secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Montiel, y con Peña Nieto fue subsecretario y secretario de Gobierno. La oposición de Naucalpan lo señala como responsable de uno de los mayores desfalcos durante su gestión como alcalde de este municipio conurbado (1994-1996). Fue nombrado coordinador del Programa Emprendedores en el equipo de transición.
Luis Felipe Puente, designado coordinador de Protección Civil, es otro personaje del entorno mexiquense vinculado con Alfredo del Mazo González. Fue alcalde de Atizapán y ha hecho grandes negocios en materia de turismo y en el sector hotelero. Citando a agentes federales de Estados Unidos, en junio de este año se vinculó a Puente con Pablo Zárate Juárez, presunto prestanombres del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, acusado de lavado de dinero.

Júniors y amigos

En el equipo de transición destacan también los amigos y júniors cercanos a Peña Nieto recién incorporados a las tareas de primer orden, como Emilio Lozoya Austin, vicecoordinador de Asuntos Internacionales; Alejandro Murat Hinojosa, coordinador de Vivienda; Ernesto de Lucas Hopkins, coordinador de Deporte; Enrique de la Madrid Cordero, coordinador para el Campo; Ildefonso Guajardo Villarreal, vicecoordinador de Política Económica, y Claudia Ruiz Massieu Salinas, coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia.
Lozoya Austin es hijo de Emilio Lozoya Thalman, integrante del primer “grupo compacto” que formó Carlos Salinas de Gortari en su juventud con Manuel Camacho Solís. Lozoya Thalman fue director del ISSSTE y titular de Energía. Lozoya Austin hizo una brillante carrera académica en Harvard, con maestría en desarrollo económico. Es miembro del Consejo de Administración en México de la constructora española OHL, beneficiada con los más importantes contratos de construcción de obra pública en el gobierno de Peña.
Enrique de la Madrid Cordero, hijo del expresidente al que le decretaron demencia senil, tiene más conocimientos en finanzas internacionales, infraestructura y mercado laboral que en asuntos del campo. Fue director de Relaciones Institucionales y Comunicación de HSBC para México y América Latina y director general de Financiera Rural. Su amistad con Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI, lo acercó a Peña Nieto durante la campaña. En un evento de la Fundación Colosio planteó una serie de soluciones para el campo. Fue apoyado por empresarios agropecuarios de Jalisco para ser responsable de esta área en el gobierno de transición.
Alejandro Murat Hinojosa, hijo del polémico exgobernador oaxaqueño José Murat, mantiene una estrecha amistad con Peña Nieto. Fue director general del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense y uno de los notarios que acreditaron los “compromisos cumplidos” en la administración 2005-2011. Claudia Ruiz Massieu Salinas es la “sobrina consentida” del expresidente Carlos Salinas e hija de José Francisco Ruiz Massieu, el secretario general priista asesinado en 1994. Se incorporó al equipo de transición como responsable de Derechos Humanos y Transparencia. Fue diputada federal en la LXI Legislatura y se le señala como un claro vínculo con su tío.
Ildefonso Guajardo, exjefe de la Oficina de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio, vinculado con Herminio Blanco, exdiputado federal en las legislaturas LVIII y LXII y expresidente de la Fundación Colosio de Nuevo León, se convirtió en menos de un lustro en uno de los principales vínculos de Peña Nieto con el Consejo Coordinador Empresarial. Fue designado vicecoordinador de Política Económica y se le menciona como futuro titular de Economía.

La mano de Aspe

Una de las influencias más claras que se reflejan en la integración del equipo de Peña Nieto es la de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda y creador de la consultora Protego, ahora Evercore Partner.
Aspe es tutor, socio y amigo de Luis Videgaray, el personaje más poderoso en el entorno cercano de Peña Nieto, y de Aurelio Nuño, el más joven de los funcionarios del primer círculo peñista. Nuño mantiene una relación sentimental con Sofía Aspe Bernal, hija del exsecretario de Hacienda.
La influencia de Aspe en el entorno mexiquense data de su vieja alianza y relación con Carlos Hank González. En la sucesión de 1994 Hank apoyó a Aspe para que fuera el candidato presidencial.
En 2004 Luis Videgaray, uno de sus alumnos y socios más aventajados, llegó al Estado de México con la encomienda de restructurar la deuda del gobierno con bancos privados y banca de desarrollo. Montiel hizo a Videgaray secretario de Finanzas y Peña Nieto lo ratificó en ese cargo.
En menos de siete años Videgaray tuvo una carrera meteórica. Se convirtió en el cerebro financiero y luego el cerebro operativo de Peña Nieto. Fue diputado federal, presidente de la Comisión de Presupuesto en la pasada Legislatura, aspiró a ser el candidato a gobernador del Estado de México, coordinó la campaña de Eruviel Ávila y luego la de Peña Nieto.
El modelo de la asesoría de Aspe-Protego-Videgaray se ha replicado a otras entidades donde se ha desatado una “bomba de tiempo”, que son las deudas de los gobiernos, especialmente en Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y el Estado de México.
Las dos reformas más ambiciosas del próximo gobierno de Peña Nieto –la fiscal y la energética– tienen el sello de Aspe. De hecho así está planteado en el libro México, la gran esperanza, que redactó y coordinó Aurelio Nuño, actual coordinador de Educación en el equipo de transición peñista.

lunes, 25 de junio de 2012

Advierte Anonymous al IFE: si tolera irregularidades, revelará corruptelas del Instituto

Anonymous revelará corrupción en el IFE si hay fraude, advierte (cc @leonardovaldesz) El colectivo de hacktivistas Anonymous lanzó una advertencia contra el IFE: de detectar anomalías en las elecciones del primero de julio, Anonymous dará a conocer los nombres de los más altos rangos de corrupción en el IFE que aún no se han dado a conocer, así como los datos más importantes de las personas más allegadas a ellos. Si el IFE toma una posición neutral hacia todos los partidos, Anonymous no revelará ningún dato.

jueves, 26 de abril de 2012

Mario Marín, uno de los muchos lastres de Peña Nieto

Descubren la riqueza del hijo de Marín en Europa

 Acento21
El dinero de millones de poblanos se invirtió en palacios, residencias y chalets por toda Europa, del "junior del sexenio".
El hijo predilecto del "góber precioso" de nombre Mario Marín García, fue uno de los grandes e innumerables beneficiarios del sexenio de su padre, quien sirvió como prestanombres y accionista de negocios inmobiliarios, de Taxis Aéreos, Gasolineras e inversiones en el mercado de valores, hoy disfruta una vida por demás glamorosa, rodeado de enormes lujos y comodidades más allá de las que cualquier ciudadano pudiera lograr, con toda una vida de trabajos y enormes sacrificios.
El más grande los vástagos de Mario Marin Torres, hoy se encuentra al igual que su padre, viviendo al más puro estilo del Jet Set internacional, en la ciudad de Wels en Austria, con su esposa de nombre Nadja Ludmer, nativa de esa parte de Europa, con quien pretende borrar los orígenes del nacido en Nativitas, Cuautempan.
Wels es la segunda ciudad más grande de Austria Alta, y cuenta con una población de 57 mil 946 habitantes. Se encuentra en el Hausruckviertel a 317 metros sobre el nivel del mar. Su extensión de sur a norte es 9.5 km, y de oeste a este 9.6 km. El 3.4 por ciento del área son bosques. 23.5 por ciento son parcelas agrícolas. La ciudad está formada por 5 barrios: Innenstadt, Lichtenegg, Vogelweide, Neustadt y Pernau, justamente a donde tiene sus inversiones Marín.
La región de Wels estuvo poblada desde el Neolítico, pero adquiere importancia en la época romana por su situación céntrica en la provincia romana de Noricum. Antes de la primera cita, alrededor de 15 A. de C., Wels era supuestamente un pueblo celta, que creció luego al pueblo ovilava. En el año 120 recibió el fuero municipal romano con el nombre Municipium Ovilava. Alrededor de 215 el César Carcalla la nombró Colonia Aurelia Antoniana Ovilabis. La ciudad tenía 18 mil residentes. Una propiedad distintiva de Wels antiguo: La muralla de 4 km con 50 torres. Ya había casas de ladrillos, termas, un circo, y un sistema de riego. Con el final del régimen romano Wels perdió toda su importancia.
Durante el régimen de los Babenberger, en el año 1222, otra vez el fuero municipal era dado a Wels. Por privilegios económicas y la situación céntrica y cerca del río Traun la ciudad era importante en la región. El káiser del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximilian I. murió 12 de enero de 1519 en Wels.
Wels es una ciudad importante de comercio e industria, además es conocida por la feria Welser Messe bianual, nada mal para el hijo de un gobernador poblano.
Los negocios ilícitos de su padre (Mario Plutarco Marín Torres) lo ubican como el décimo hombre más rico del país. De un tajo, el ex gobernador de Puebla eliminó de su biografía su periplo universitario y su origen humilde. Él y su familia adquirieron propiedades en Estados Unidos y Europa valuadas en varios millones de dólares.
Una pequeña prueba de la magnitud del saqueo al erario poblano es el chalet en donde actualmente pasa una buena parte de su tiempo, el cual fue adquirido por Mario Marín García, a un costo de 5 millones de dólares.
El chalet se ubica en una de las regiones más exclusivas del mundo, considerada refugio de príncipes, reyes, magnates y estrellas de Hollywood; que disfrutan del clima alpino propio de la Europa Central. El paisaje lo complementan castillos y palacios. Ahí el jet set internacional acude a esquiar a las montañas austriacas.
Más propiedades
En la Unión Americana, la familia del góber precioso adquirió propiedades en los estados de Texas y Florida. De acuerdo a registros oficiales, Mario Marín es dueño de una residencia ubicada en avenida 6495 West 27, número 203-41, en Hialeah, Florida; valuada en más de un millón de pesos. Dentro del condominio residencial se encuentra el Lago Grande Condo Three.
La Ciudad de Hialead forma parte del área metropolitana de Miami, se encuentra en un valle entre la Bahía de Biscayne y los Everglades. Es la ciudad de Estados Unidos donde el mayor porcentaje de la población habla español y buena parte de sus habitantes pertenecen al sector de cubanos exiliados con mayor capacidad económica fuera de la Isla.
En el estado de Texas, Marín Torres compró otra propiedad cuyo costo se encuentra por encima de un millón y medio de dólares. En el número 8415 de la calle Whitebrush, en la ciudad de Converse, del condado de Bexar, adquirieron la propiedad que ocupa una extensión de 6 mil pies cuadrados, es decir 557.4 metros cuadrados.
La Ciudad de Converse es una de las principales de Texas y se encuentra cerca de San Antonio, considerada el epicentro de la cultura tejana y del turismo en ese estado.
La riqueza que acumuló la familia Marín, durante todo el sexenio, alcanzó para distribuirse a todo el clan familiar: hijos, hermanos y sobrinos. Todos contaron con autos deportivos de marcas importadas como Porsche, BMW y Cadillac, los cuales usaban para pasearse por las principales calles de Puebla y la Ciudad de México.
La vida de derroche y riqueza del hijo del góber precioso son notables. Las visitas a tiendas de ropa de marcas internacionales, bares y restaurantes exclusivos son su modus vivendi.
Aunado al uso cotidiano de aviones, helicópteros y limusinas, la familia del góber precioso pretende formar parte de Jet set internacional, y lo puede lograr con su fortuna calculada en 15 mil millones de pesos.
Marín Torres saqueó a manos llenas las arcas del erario y no conforme con ello, contrajo una deuda estatal al final de su mandato por un monto de 9 mil millones de pesos.
El gober precioso en menos de seis años borró el pasado humilde de su familia proveniente de la comunidad de Nativitas Cuautempan, Puebla, a quienes repartió parte del emporio de bienes inmuebles y empresas en México y el extranjero.
Aunque el cálculo de la fortuna de Marín Torres se ha estimado en 15 mil millones de pesos, falta sumar el valor de sus bienes inmuebles y negocios adquiridos en dólares y euros, distribuidos en una decena de países de América y Europa.
De acuerdo a la calificadora internacional Standard & Poor´s, hábilmente Marín Torres negoció la amortización del capital de toda la deuda, y para ello utilizó como garantía de pago las participaciones que recibiría el estado de Puebla por el gobierno federal, que en la especie se empezó a aplicar desde agosto del 2011.
Al inicio del sexenio de Marín Torres prácticamente Puebla no tenía pasivos que pagar. Pero, para el 2008 Marín Torres enfrentó un proceso penal en su contra por los audio escándalos que derivaron en la ilegal y arbitraria detención de la periodista Lydia Cacho.
Eso, derivó un endeudamiento inicial de 3 mil 500 millones de pesos que gasto en su defensa legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces contrató más de 500 horas de vuelo en helicóptero para él y su equipo de defensa legal, encabezada por el abogado Juan Velázquez. En esa operación el "góber precioso" gastó más de 32 millones de pesos cargados a la cuenta estatal. El cálculo es contundente si se considera que cada hora de vuelo costó 5 mil dólares, de acuerdo a la empresa de renta de aviones y helicópteros Flyjets, que cotizó el tipo de aeronave, distancia y tiempos que utilizó Marín Torres.
Los viáticos de su defensa legal incluyeron el pago de hospedaje en lujosos hoteles de la avenida Campos Elíseos del Distrito Federal, arriba de 10 mil pesos por noche.
A la sumatoria hay que agregar los banquetes en el restaurante Champs Elysees, uno de los restaurantes más exclusivos frecuentados por la clase política y empresarial, en el Distrito Federal cuyo cubierto sencillo para dos personas asciende a 3 mil pesos. En julio de 2010, el padre de Mario Marín empezó había desembolsado ya 500 millones de pesos del erario poblano en una campaña de mercadotecnia y publicidad, en un intento por limpiar su deteriorada imagen entre la población de la entidad y de todo el país.
Con base en spots de televisión y radio, fotos e inserciones pagadas en los medios de comunicación, Marín Torres trató de demostrar su inocencia y presumir las falsas bondades de su administración.
En sus mentiras, el góber contó con la complicidad de empresarios de los medios informativos sin escrúpulos, quienes facturaron esa campaña que resultó literalmente ser un robo en despoblado para los ciudadanos de la Angelópolis.
Ahora el ex gobernador Mario Marín Torres está prófugo en Holanda y su hijo Mario Marin vive materialmente exiliado en la ciudad de Wels, en Austria. Ambos se dicen despreocupados de las imputaciones que se le han efectuado al ex gobernador, y aseguran, regresarán por sus fueros pasando el 1 de julio de este 2012, cuando "su candidato resulte vencedor"; no obstante con la decadencia en la percepción pública de la imagen del candidato del PRI a la presidencia de la Republica, el día esperado tal vez nunca llegue.
Lo que sí es posible que llegue antes, es la acción de la justicia que ya busca recuperar las millonarias sumas de dinero desviadas de las participaciones estatales y federales, tal y como ya quedo demostrado con la detención del ex secretario de salud estatal José Alfredo Arango, y los procesos penales que se le siguen a Javier García Ramírez, ex secretario de Obras Públicas, por los millones de pesos extraídos de las arcas estatales.

martes, 24 de enero de 2012

Gordillo, muerta en vida

 Luis Farías Mackey
 Luis Farías Mackey, Mexicano, Licenciado en derecho por la Universidad Iberoamericana, con diplomado en análisis político. Ha colaborado en La Crónica, Siempre! y El Sol de México, y ha sido comentarista de los noticieros del Grupo MVS y autor de La Jornada Electoral paso a paso y Fonden Electoral, así como coautor de varios libros colectivos y de La América de Aranda.
 A toda iglesia le llega su fiestecita y “la maestra” no podía ser la excepción
El PRI reaccionó a tiempo a la rebelión que se gestaba en su seno. Primero se deshizo de Moreira -tal vez algo tarde- para contener los costos de su descomunal e inexplicable deuda, y ahora de “la maestra” y su franquicia electoral a la que aquél alegremente había entregado 4 senadurías y 24 diputaciones.
Si el número era más que suficiente para enardecer a los priístas que se veían desplazados, la designación de la hija y el yerno de “la maestra” en las primeras fórmulas al Senado en Chiapas y Sinaloa fueron un escupitajo a la cara del PRI, que se vio amenazado con una división similar a la que la interfecta le propinó hace seis años y que fue causal de su expulsión. ¡Lástima que los priístas tengan tan corta memoria!
Otro insulto fue la inserción en las listas de la coalición de Emilio Zebadua, quien, embozado en la hipocresía de la imparcialidad ciudadanizada, abrazó en el IFE la moda antipriísta en olvido de su paso por el salinismo; tal y como ahora pretendía que los priístas olvidaran su soberbia y fatua parcialidad. ¿Y por qué no lo iba a pensar, si la expulsada volvía a entrar por la puerta grande al PRI y le daba clases de democracia imponiendo a dedazo limpio a sus familiares y amigos?
Hoy “la maestra” y su franquicia política sufren una especie de ostracismo político. Nadie los quiere. Están apestados.
El PAN, después de las indiscreciones de “la maestra” sobre la compra de sufragios a cambio de feudos en la administración pública calderonista y los nulos rendimientos electorales en Michoacán, pintó su raya.
López Obrador no quiere saber nada del personaje y muere de rabia por no poder utilizar los obuses que tenía preparados contra Peña Nieto por su alianza con la susodicha.
Y si bien Moreira, seguramente en pago de facturas, la alió al PRI con calzador, los altísimos costos de opinión pública, el descrédito de ambos personajes, la desfachatez de los dedazos familiares y la división interna que amenazaba con descarrilar el hasta ahora terso caminar priísta, haciendo imposible la visita de Peña Nieto a Sinaloa la semana pasada, llevaron a ese partido a romper la alianza, dejando a “la maestra” y al  PANAL a su propia suerte.
Fuera de tiempo de hacer otra coalición, rechazado por los tres grandes partidos, sin personajes de altura para enarbolar una candidatura presidencial, con un descrédito ganado a pulso y el inocultable fracaso de la educación en México, el PANAL ha sido herido en su línea de flotación, hace agua y corre el riesgo de mostrar su verdadera indigencia electoral.
Porque el PANAL no es un partido político, es una franquicia electoral con financiamiento público que no tiene militantes, ideología y programa de gobierno, solo tiene un ejército mercenario de operadores electorales al servicio del mejor postor para reventar elecciones, comprar votos y coaccionar electores. El problema de estos mercenarios es que ya nadie los quiere en sus filas, nadie compra sus servicios y nadie acepta ya sus chantajes.
Bien dice Labastida: “la maestra” cuesta más de lo que aporta. Los rendimientos electorales del PANAL son marginales. El PANAL (solo o en coalición) jamás ha ganado en ninguna colonia del magisterio. Pregúntele a la Cocoa que le aportó en Michoacán, además de descrédito.
El PRI reaccionó bien y a tiempo. Evitó el cisma interno y se deshizo de un alacrán en la espalda y un fardo de detritus en el que iba a terminar enterrado. ¡Alacrán y fardo que ya lo habían picado y enterrado hace seis años!
Pero la determinación no para en sus consecuencias electorales. Hoy nadie quiere aliarse con ella y va sola a una elección que va a terminar por demostrar su ridícula fuerza electoral. Pero peor aún, gane quien gane la elección presidencial ya ha manifestado su absoluto rechazo al personaje (salvo el ridículo Cordero, cuya desesperación gana a su estupidez).
Sin aliados políticos y con enemigos internos a su liderazgo moral (jamás fue peor utilizado el término) “la maestra” es una muerta en vida.
El rompimiento del PRI con el PANAL no es solo el fin de un chantaje político, de una franquicia electoral, de un insulto a la democracia y de un descrédito público; es también el inicio del fin de uno liderazgos más dañinos que pueblo alguno pueda tener.