El dictamen de reforma en
telecomunicaciones aprobado este viernes contiene los cambios
propuestos por el Ejecutivo así como las modificaciones hechas en la
Cámara de Diputados.
viernes, 22 de marzo de 2013
jueves, 21 de marzo de 2013
lunes, 18 de marzo de 2013
domingo, 10 de marzo de 2013
lunes, 18 de febrero de 2013
Habrá 3 o 4 “jugadores” en el campo de la TV con reforma: Carpinteyro
El conflicto entre el
'rey de la televisión' y el 'rey de la telefonía' comenzó desde que uno
comenzó a intervenir en el mercado del otro y viceversa, por lo que es
necesario sentar las bases de la competencia en materia de
telecomunicaciones, dijo la diputada perredista
La reforma en materia de telecomunicaciones instalará las bases para que exista una verdadera convergencia, en donde todos los “jugadores” compitan en términos equitativos, y eliminar las condiciones que algún operador, que controle un insumo esencial, trate de imponer a su rival, consideró Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes.
“¿Cuál es la posición de un monopolio, cualquiera? Proteger ese monopolio, lo que quieren evitar es la competencia… va a tratar de proteger sus fronteras. Esta guerra de los medios, de la que hemos sido testigos estos últimos años, no es más que la consecuencia de fronteras que antes eran físicas porque la tecnología no permitía que alguien que tuviera una red de televisión por cable prestara servicios que no fueran de televisión por cable, pero que esas barreras dejaron de existir”, expuso este lunes la diputada federal.
“Antes el ‘rey de la televisión’ era el ‘rey de la televisión’ pero no se metía en telefonía, y el ‘rey de la telefonía’ pues no se metía en televisión, entonces, ¿qué sucede cuando el ‘rey de la telefonía’ se puede meter en televisión’? pues al ‘rey de la televisión’ ya no le gustó el asunto y viceversa”, comparó la legisladora en entrevista para Aristegui Noticias.
Carpinteyro indicó que sería “ilusorio” pensar que en el mercado de la televisión o la telefonía habrá 20 empresas en competencia, sino que serán “3 o 4 los jugadores en el mercado, pero habrá más pequeños que estarán operando, no podemos pensar que tendremos infinidad de jugadores”.
La diputada perredista comentó que con la apertura a más competidores se podrá “detonar” el desarrollo nacional
Televisa se opondrá después, como el SNTE
La ex subsecretaria indicó que Televisa juega un papel parecido al del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quien en un inicio avaló la reforma en materia educativa y después anunció su rechazo.
“Es como cuando el SNTE también dijo que apoyaba la reforma educativa, evidentemente no podía salir que estaba contra, sin embargo ya interpusieron amparos, ya manifestaron que están en desacuerdo, lo mismo pasará (con las televisora)”, señaló.
Carpinteyro indicó que en los términos planteados en el Pacto por México, la reforma en telecomunicaciones significaría una “verdadera revolución, una verdadera apertura a incentivar la competencia en un sector tan altamente concentrado”.
Destacó que, con los cambios a la ley, el Estado tendría un papel activo como un garante de la cobertura universal de servicios, para garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, como el internet.
La reforma en materia de telecomunicaciones instalará las bases para que exista una verdadera convergencia, en donde todos los “jugadores” compitan en términos equitativos, y eliminar las condiciones que algún operador, que controle un insumo esencial, trate de imponer a su rival, consideró Purificación Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes.
“¿Cuál es la posición de un monopolio, cualquiera? Proteger ese monopolio, lo que quieren evitar es la competencia… va a tratar de proteger sus fronteras. Esta guerra de los medios, de la que hemos sido testigos estos últimos años, no es más que la consecuencia de fronteras que antes eran físicas porque la tecnología no permitía que alguien que tuviera una red de televisión por cable prestara servicios que no fueran de televisión por cable, pero que esas barreras dejaron de existir”, expuso este lunes la diputada federal.
“Antes el ‘rey de la televisión’ era el ‘rey de la televisión’ pero no se metía en telefonía, y el ‘rey de la telefonía’ pues no se metía en televisión, entonces, ¿qué sucede cuando el ‘rey de la telefonía’ se puede meter en televisión’? pues al ‘rey de la televisión’ ya no le gustó el asunto y viceversa”, comparó la legisladora en entrevista para Aristegui Noticias.
Carpinteyro indicó que sería “ilusorio” pensar que en el mercado de la televisión o la telefonía habrá 20 empresas en competencia, sino que serán “3 o 4 los jugadores en el mercado, pero habrá más pequeños que estarán operando, no podemos pensar que tendremos infinidad de jugadores”.
La diputada perredista comentó que con la apertura a más competidores se podrá “detonar” el desarrollo nacional
Televisa se opondrá después, como el SNTE
La ex subsecretaria indicó que Televisa juega un papel parecido al del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), quien en un inicio avaló la reforma en materia educativa y después anunció su rechazo.
“Es como cuando el SNTE también dijo que apoyaba la reforma educativa, evidentemente no podía salir que estaba contra, sin embargo ya interpusieron amparos, ya manifestaron que están en desacuerdo, lo mismo pasará (con las televisora)”, señaló.
Carpinteyro indicó que en los términos planteados en el Pacto por México, la reforma en telecomunicaciones significaría una “verdadera revolución, una verdadera apertura a incentivar la competencia en un sector tan altamente concentrado”.
Destacó que, con los cambios a la ley, el Estado tendría un papel activo como un garante de la cobertura universal de servicios, para garantizar el acceso a las nuevas tecnologías, como el internet.
martes, 5 de febrero de 2013
Cinco cosas que debemos saber sobre la Constitución Mexicana
Este 5 de febrero se conmemora el aniversario noventa y
seis de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, hecho que ocurrió en el año 1917.
Para sumarnos a estas celebraciones que reconocen el interés mexicano
por dejar asentados los acuerdos para regir a nuestra nación,
presentamos los 5 datos breves que debes saber sobre la Constitución
Mexicana.1.- Primeras Constituciones y Leyes Constitucionales
Los documentos que antecedieron a nuestra Constitución son el Acta
Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos de 1824; Las Siete Leyes Constitucionales de 1835-1836;
las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843; el Acta
Constitutiva y de Reformas de 1847; y la Constitución Federal de los
Estados Unidos Mexicanos de 1857.2.- ¿Qué paso antes de la Constitución?
La Constitución del 57 fue establecida gracias a un Congreso
Extraordinario que tuvo su sede en la Ciudad de México tras firmarse el
Plan de Ayala que desconoció al gobierno de Santa Anna. En febrero de 1857 se aprobó esa Constitución bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, sin embargo fue desconocida a los pocos meses y sobrevino una rebelión debido a la inestabilidad que imperaba en el país y que trajo como consecuencia la Guerra de Tres Años, también conocida como Guerra de Reforma, entre conservadores y liberales.
3.- ¿Cómo se llegó a nuestra Constitución?
Tras la Revolución de 1910, que luchó contra la dictadura de Porfirio
Díaz, en diciembre de 1916, el entonces primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, el coahuilense Venustiano Carranza, lanzó una
convocatoria para realizar un Congreso que reformara la Constitución de
1857 y la adaptara a las condiciones que vivía el país en esos tiempos.El documento al que llegó el ideal promovido por Carranza fue uno que sufrió varias modificaciones y adaptaciones del establecido en el 57 y cuyo uno de sus puntos máximos es la no reelección de los presidentes.
4.- ¿Qué pasó el 5 de febrero de 1917?
El 5 de febrero de 1917, el jefe del Ejército Constitucionalista,
Venustiano Carranza, presentó en el Teatro de la República de la ciudad
de Querétaro a nuestra actual Constitución, que entró en vigor a partir
de mayo de ese mismo año.Ese día marcó un punto álgido de la historia mexicana en que quedó establecido el compromiso de luchar por las reformas sociales y derechos a favor de los obreros y los campesinos, así como para establecer la forma de Gobierno y los sistemas legales.
5.- ¿Qué ofrece la Constitución de Carranza?
La Constitución Mexicana promulgada por Carranza en 1917 se convirtió
en la primera a nivel mundial que contenía las mayores aportaciones a
nivel jurídico de los derechos sociales, según describe el portal México
de Colores.En ella se establece la forma de Gobierno, las garantías individuales y sociales, el sistema económico que adoptaría la nación y sobre el que se gobernaría.
Esta Constitución, que con reformas, es la que nos rige en la actualidad, está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios, contenidos en nueve títulos.
sábado, 12 de enero de 2013
Aparece en Harvard asociación pro visita de Calderón para cátedra
Ciudad de México, 12 de enero (AN).-Una organización estudiantil llamada “Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard” (HUMAs por su siglas en inglés) se manifestó este viernes y rechazó oponerse a la invitación al ex presidente Felipe Calderón, como parte de la plantilla de esa universidad estadunidense durante 2013.
El pasado mes de noviembre, el ex presidente Calderón fue invitado por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard para integrarse al nuevo programa Angelopoulos de Líderes Públicos Globales, donde colaborará durante un año con diversos académicos, investigadores y estudiantes. Además, Calderón “escribirá y dictará conferencias”.
La agrupación es presidida por Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, nieto del dueño de Grupo Bimbo, Lorenzo Servitje y candidato a diputado local por el PRI en 2009, quien expresó que “las peticiones en contra de la incorporación de Calderón en Harvard son válidas y se respetan, pero hay otras personas en México y Estados Unidos que no comparten ese punto de vista”.
De acuerdo con el diario El Universal, la organización reúne a 166 estudiantes, profesores e investigadores mexicanos deHarvard.
La página de la asociación, consultada por Aristegui Noticias, da cuenta de que entre sus integrantes se encuentra también Claudio Xavier González Caraza, hijo del directivo de Televisa y presidente de la asociación civil Mexicanos Primero, Claudio X. González.
Lerdo de Tejada-Servitje dijo que la HUMAs es una organización “apolítica, así que nuestra postura oficial es mantenernos ajenos a este debate que está surgiendo”. Sin embargo, a título personal manifestó que la presencia de Calderón en la universidad “dará la oportunidad a académicos y estudiantes de establecer un diálogo con él sobre sus políticas públicas en un ambiente de respeto a todas las ideologías”.
Durante las últimas semanas, la invitación de Harvard a Felipe Calderón ha sido objetada por grupos de estudiantes mexicanos de la misma universidad, que rechazan la presencia del ex mandatario, a quien señalan como responsable de aplicar una política de seguridad equivocada que causó más de 100 mil víctimas civiles y 25 mil desaparecidos.
Así también, los críticos de Calderón lo señalan como responsable de que el número de mexicanos en pobreza extrema haya aumentado de 11.7 a 13 millones durante su sexenio, y de retrocesos en materias de educación, transparencia y combate a la corrupción.
La convocatoria de rechazo a Calderón ha reunido más de 21 mil firmas en un mes y medio.
jueves, 13 de diciembre de 2012
Sedesol, la Secretaría de las cuotas y de los cuates
Ciudad de México, 13 de diciembre (Aristegui Noticias).-La titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, presentó el miércoles 12 de diciembre a su equipo de colaboradores en Sedesol.
Destacan los nombramientos de funcionarios vinculados con el PRI mexiquense, PRI nacional, o bien con personajes polémicos como los ex gobernadores de Puebla, Mario Marín; de Oaxaca, Ulises Ruiz; con la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, o con el programa Solidaridad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha sido históricamente asociada con la compra y coacción del voto, en los gobiernos del PRI y del PAN. Ahí se controlan los padrones de asistencia de los programas sociales de combate a la pobreza.
Así lo ha señalado el académico Sergio Aguayo en su estudio “Monitoreo de Programas Sociales en Contextos Electorales”, publicado en 2006 por el el Comité de Transparencia del Consejo Consultivo de Desarrollo Social.
Los nuevos funcionarios de la Sedesol “responderán a la mejora de la política social del país”, afirmó el miércoles Rosario Robles en la presentación de su equipo. En el acto, la ex presidenta nacional del PRD no aceptó preguntas.
Aquí los perfiles de los nuevos funcionarios:
Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social y Humano:
Su último cargo fue el de secretario general de Gobierno en el Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, de cuya campaña fue uno de los principales operadores, luego de que declinara a participar como candidato del PRI a la gobernatura del estado.
Fue el presidente del congreso mexiquense y coordinador de los diputados del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien conoce desde hace más de quince años, cuando fue secretario particular del ex Secretario de Gobernación y ex gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet (actual Secretario de Educación).
Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial:
Su último cargo fue el de secretario de Desarrollo Económico en el actual gobierno coahuilense de Rubén Moreira.
Se desempeñó como Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, de diciembre de 1999 a mayo de 2005, en el gobierno de Enrique Martínez y Martínez.
En 2002 fue candidato a Secretario General del PRI en fórmula con Beatriz Paredes, propuesta como presidenta del partido; ambos perdieron frente a Roberto Madrazo Pintado y Elba Esther Gordillo, entonces priista.
Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación:
Trabajó en Solidaridad, programa emblemático del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Emilio Zebadúa, Oficial Mayor:
Ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE). Fue secretario de Gobierno de Chiapas (de 2001 a 2003), en la administración de del perredista Pablo Salazar.
En 2006 aspiró al gobierno de Chiapas sin éxito. Intentó competir por el PRD, con quien rompió relaciones por no postularlo y se unió desde entonces al Partido Nueva Alianza, instituto político que lo aceptó como candidato; sin embargo, declinó y apoyó al candidato del PRI.
Su último cargo fue presidente de la Fundación SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), es un personaje cercano a Elba Esther Gordillo.
Héctor Eduardo Velasco, director de Diconsa:
Originario de Atlacomulco, el especialista en Comunicación Política fue coordinador de giras en la campaña presidencial del PRI este 2012.
En 2004, fue secretario particular adjunto de Peña Nieto cuando era candidato a gobernador del Estado de México. En 2005, continuó en el mismo encargo, pero con el priista como gobernador mexiquense; su puesto lo dejó para convertirse en diputado local.
Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconsa:
Es un hombre cercano al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, porque se desempeñó como Secretario Técnico de Gabinete y coordinador general de Comunicación Social en la administración del priista.
Fungió dos veces diputado federal y senador de la República por el PRI.
María Angélica Luna Parra directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol):
Fue miembro del Consejo Consultivo de Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad, del gobierno de Salinas de Gortari) y de la Secretaría de Desarrollo Social; Subdirectora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y diputada Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Además, se desempeñó como directora general del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México.
Paula Angélica Hernández Olmos se encargará del programa Oportunidades:
Fue funcionaria durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo.
Se desempeñó como Consejera Política Nacional del PRI; Consejera Política Estatal; Delegada Especial del CEN en Jalisco; Coordinadora General de precampaña y Campaña para la Elección de Diputados Federales y Coordinadora de Financiamiento Privado en la Campaña para la gubernatura de Osorio Chong al gobierno hidalguense.
(Con información de Red Política y Proceso)
Destacan los nombramientos de funcionarios vinculados con el PRI mexiquense, PRI nacional, o bien con personajes polémicos como los ex gobernadores de Puebla, Mario Marín; de Oaxaca, Ulises Ruiz; con la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, o con el programa Solidaridad del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha sido históricamente asociada con la compra y coacción del voto, en los gobiernos del PRI y del PAN. Ahí se controlan los padrones de asistencia de los programas sociales de combate a la pobreza.
Así lo ha señalado el académico Sergio Aguayo en su estudio “Monitoreo de Programas Sociales en Contextos Electorales”, publicado en 2006 por el el Comité de Transparencia del Consejo Consultivo de Desarrollo Social.
Los nuevos funcionarios de la Sedesol “responderán a la mejora de la política social del país”, afirmó el miércoles Rosario Robles en la presentación de su equipo. En el acto, la ex presidenta nacional del PRD no aceptó preguntas.
Aquí los perfiles de los nuevos funcionarios:
Ernesto Nemer, subsecretario de Desarrollo Social y Humano:
Su último cargo fue el de secretario general de Gobierno en el Estado de México, encabezado por Eruviel Ávila, de cuya campaña fue uno de los principales operadores, luego de que declinara a participar como candidato del PRI a la gobernatura del estado.
Fue el presidente del congreso mexiquense y coordinador de los diputados del PRI durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien conoce desde hace más de quince años, cuando fue secretario particular del ex Secretario de Gobernación y ex gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet (actual Secretario de Educación).
Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial:
Su último cargo fue el de secretario de Desarrollo Económico en el actual gobierno coahuilense de Rubén Moreira.
Se desempeñó como Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila, de diciembre de 1999 a mayo de 2005, en el gobierno de Enrique Martínez y Martínez.
En 2002 fue candidato a Secretario General del PRI en fórmula con Beatriz Paredes, propuesta como presidenta del partido; ambos perdieron frente a Roberto Madrazo Pintado y Elba Esther Gordillo, entonces priista.
Juan Carlos Lastiri, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación:
Trabajó en Solidaridad, programa emblemático del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Fue Secretario de Desarrollo Social en Puebla, durante el gobierno de Mario Marín; y fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en dicha entidad.
Emilio Zebadúa, Oficial Mayor:
Ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE). Fue secretario de Gobierno de Chiapas (de 2001 a 2003), en la administración de del perredista Pablo Salazar.
En 2006 aspiró al gobierno de Chiapas sin éxito. Intentó competir por el PRD, con quien rompió relaciones por no postularlo y se unió desde entonces al Partido Nueva Alianza, instituto político que lo aceptó como candidato; sin embargo, declinó y apoyó al candidato del PRI.
Su último cargo fue presidente de la Fundación SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), es un personaje cercano a Elba Esther Gordillo.
Héctor Eduardo Velasco, director de Diconsa:
Originario de Atlacomulco, el especialista en Comunicación Política fue coordinador de giras en la campaña presidencial del PRI este 2012.
En 2004, fue secretario particular adjunto de Peña Nieto cuando era candidato a gobernador del Estado de México. En 2005, continuó en el mismo encargo, pero con el priista como gobernador mexiquense; su puesto lo dejó para convertirse en diputado local.
Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconsa:
Es un hombre cercano al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, porque se desempeñó como Secretario Técnico de Gabinete y coordinador general de Comunicación Social en la administración del priista.
Fungió dos veces diputado federal y senador de la República por el PRI.
María Angélica Luna Parra directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol):
Fue miembro del Consejo Consultivo de Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad, del gobierno de Salinas de Gortari) y de la Secretaría de Desarrollo Social; Subdirectora General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y diputada Local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Además, se desempeñó como directora general del Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México.
Paula Angélica Hernández Olmos se encargará del programa Oportunidades:
Fue funcionaria durante el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo.
Se desempeñó como Consejera Política Nacional del PRI; Consejera Política Estatal; Delegada Especial del CEN en Jalisco; Coordinadora General de precampaña y Campaña para la Elección de Diputados Federales y Coordinadora de Financiamiento Privado en la Campaña para la gubernatura de Osorio Chong al gobierno hidalguense.
(Con información de Red Política y Proceso)
martes, 11 de diciembre de 2012
jueves, 6 de diciembre de 2012
¿’Pax mafiosa’ y organizar la corrupción?, dos artículos de Buscaglia
Edgardo Buscaglia, presidente del instituto de Acción Ciudadana en México e investigador senior de la Universidad de Columbia, escribió en la revista 'Variopinto' dos artículos sobre las situación actual de México en materia de seguridad y las líneas que debería seguir el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Edgardo Buscaglia, doctor en Derecho y Economía, presidente del instituto de Acción Ciudadana en México e investigador senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, publicó dos artículos en la revista Variopinto, en los números de noviembre y diciembre sobre seguridad, crimen organizado y los retos que enfrentará el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El primer artículo plantea que la crisis humanitaria y de seguridad que México vive hoy México presenta al nuevo gobierno desafíos históricos, pero también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional. El segundo habla de las consecuencias que puede tener un Estado si no articula con urgencia las medias regulatorias para contrarrestar la corrupción y frenar la circulación de dinero sucio.
A continuación la versión íntegra de los textos de Edgardo Buscaglia: Artículo 1: “Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?” Edgardo Buscaglia/ Variopinto Noviembre de 2012 La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional.
La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos. Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional.
Ante la disminución cada día mayor de las barreras contra el flujo internacional de personas, capitales financieros, información y tecnologías, la falta de acuerdos de hecho subsidia la expansión de la delincuencia transnacional.
Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales (por ejemplo, productos de piratería y dinero falsificado) o bien legales (personas, automóviles, cigarrillos o joyas) pero a través de canales ilícitos.
Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos que suelen estar integrados por políticos y empresarios legalmente constituidos en los registros de la propiedad mercantil de diversos países.
También manejan grupos armados internacionales para proteger sus estructuras económicas y poseen franquicias en varias jurisdicciones geográficas que procesan las transacciones de bienes y servicios, y pagan tasas o cuotas a los directivos de la organización. Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios.
Las de origen mexicano operan 22 delitos en 58 países. Con la única excepción del tráfico de material radiactivo, cometen delitos como la más variada trata de seres humanos (que es además un crimen contra la humanidad), incluyendo la de migrantes y de órganos, así como el contrabando de armas y otras mercancías, delitos cibernéticos, la piratería, extorsiones, secuestros y por supuesto el narcotráfico, más otros 12 delitos tipificados como propios del crimen organizado.
Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura —como la organización de El Chapo Guzmán o Los Zetas y afiliados, la Cosa Nostra siciliana, la Yakuza japonesa, las Tríadas chinas, el mkm o Rehman Dekai pakistaní sin dejar de mencionar la organización rusa de larga data Vory v Zakone— en conjunto operen en todo el orbe.
De acuerdo con reportes de actividades sospechosas emitidos por unidades de inteligencia desde 1998 hasta la fecha, esta expansión de las empresas delictivas a todos los países se gestiona con el fin de obtener insumos como las materias primas, precursores o seres humanos de países pobres como Bolivia, Haití, Somalia y Sudán, para luego establecer capacidades de producción y distribución (como es el caso mexicano o nigeriano) para finalmente vender el producto o servicio y colocar e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países de mayor poder adquisitivo, que concentran el 68% del lavado de dinero mundial.
En contraste, en un contexto general, la coordinación entre Estados para reprimir a las empresas criminales y la convergencia entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para prevenir la captura del tejido social por las mismas, dejan aún mucho que desear. Con raras excepciones, las sociedades civiles no cooperan operativamente más allá de conferencias lujosas o reportes financiados por ricas organizaciones o Estados integrantes de la ocde.
Un raro ejemplo de la mejor práctica y de admirable coordinación es la red italiana Libera, que tiene como objetivo establecer vínculos operativos entre asociaciones civiles latinoamericanas y europeas para instaurar mecanismos de apoyo a víctimas de las mafias y a sus familiares, ya sea en forma de refugio físico y patrimonial o asesoría jurídica, previniendo además que se reiteren los cuadros victimológicos.
Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de delitos, en su mayoría ligados al tráfico de drogas, lo que después genera un búmerang o paradoja de más corrupción y violencia, pues carecen de políticas públicas de coordinación operativa global para desmantelar el patrimonio ilícito de aquellos funcionarios de alto nivel que pertenecen a directorios de mafias o que solo fueron comprados por estas.
Un Estado débil por falta de controles, que genere mayor represión sin brindar justicia ni desmantele el patrimonio criminal y carezca de prevención social, sufrirá más violencia organizada y mayor corrupción. Este es el caso de México durante los últimos 10 años.
Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu: la Convención contra la Delincuencia Organizada, conocida como la de Palermo, y contra la Corrupción, también llamada de Mérida, ambas conjugadas con las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ambas convenciones poseen capítulos completos dedicados a la coordinación internacional de autoridades en áreas ligadas a las asistencias legales mutuas y judiciales en procedimientos penales, civiles y administrativos.
Sin embargo, a la hora de valorar la aplicación real de los artículos de estas convenciones de la onu se observa que, realmente, México solo lleva a la práctica un 43% de las cláusulas de coordinación internacional de la Convención de Palermo y un 15% de las del capítulo de coordinación internacional de la Convención de Mérida para combatir a la corrupción política, tanto mexicana como extranjera.
Por ejemplo, después de más de seis años de haberse ratificado la Convención de Mérida, este país todavía no posee un programa coordinado internacionalmente para la protección de testigos de corrupción; tampoco ha procesado ni siquiera un caso de recuperación internacional de activos derivados de actos de corrupción de políticos.
En lo que se refiere a la aplicación real de medidas de investigación, los mecanismos de coordinación internacional entre cuerpos policiacos han avanzado gracias a la intermediación y la asistencia técnica de la Interpol.
Sin embargo, las unidades de inteligencia financiera de distintos países solo se coordinan a través de muy acotados convenios bilaterales de capacitación y deliberan en lujosos foros internacionales, ante la total inutilidad operativa de la Oficina (local) de la onu para el control de las Drogas y la prevención del Delito (onudd) en México, que se ha transformado en contratista de los gobiernos federales de turno.
Así, la actual descoordinación internacional en áreas de inteligencia operativa limita la capacidad de los Estados para identificar, incautar y decomisar el tsunami de productos derivados de 22 tipos de delitos económicos organizados, y por lo tanto para reducir los incentivos económicos de las empresas criminales de diverso origen en cuatro continentes y con cabezas de playa en México.
En este marco de cooperación internacional limitado, Estados Unidos focaliza sus programas antilavado con México en las drogas, dejando de lado el similar énfasis y la aún más compleja cooperación de inteligencia y judicial que se requieren para avanzar contra delitos trasnacionales mucho más graves, como el tráfico de migrantes y de órganos, la trata de personas, la prostitución forzada y la pornografía infantil.
A esta defectuosa coordinación entre Estados Unidos y México se le suma el aún escaso intercambio de análisis de inteligencia basado en la desconfianza de sucesivos gobiernos estadounidenses por frecuentes infiltraciones mafiosas en las agencias policiales, judiciales y de inteligencia de México. No existe más clara muestra de los vacíos de coordinación y sesgos de represión que la fallida Iniciativa Mérida.
Esta fue concebida en 2006-2008 y vendida a los mexicanos como un programa de cooperación «integral» de seguridad «pública» entre Estados Unidos, México y Centroamérica con el fin de «combatir» el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y el lavado de dinero, todo ello mediante programas de capacitación, asistencia técnica por millones de dólares que terminaron por asignarse en su mayor parte a consultoras privadas «cercanas» a las agencias federales estadounidenses y a consultores mexicanos «con posturas amistosas» hacia el gobierno de su propio país.
La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados.
Sin embargo, Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada, ya que según la dea el narco le genera a las mafias mexicanas un flujo de efectivo de entre 12 mil y 23 mil millones de dólares al año, mientras que el verdadero monto derivado de los otros 22 delitos organizados es exponencialmente mayor. Y mientras tanto Estados Unidos sigue concentrando aproximadamente el 18% del lavado de dinero mundial en su territorio.
Los programas de cooperación entre México y Estados Unidos propuestos hasta el momento no abordan los enormes vacíos regionales en materia de prevención social de la delincuencia organizada, tampoco abordan la hasta ahora fallida coordinación interinstitucional entre poderes judiciales y fiscales a nivel internacional, de forma que vaya más allá de las usuales capacitaciones-show en hoteles de lujo y de las extradiciones, que en México se utilizan como «válvula de escape» ante el sistema judicial mexicano corrupto y colapsado.
La cooperación bilateral tampoco aborda la formación de fuerzas de tarea conjuntas para el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, que involucren a aduanas mexicanas en red con unidades de investigación en esa materia en cada una de las 32 entidades federativas, con la unidad de inteligencia financiera federal y las autoridades fiscales representadas por auditores federales y estatales, todos ellos compartiendo sus bases de datos y capacidades operativas de campo de manera coordinada con sus homónimos de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe.
Este claro vacío de capacidades interinstitucionales internacionales representa para México la oportunidad de enfrentarlo con un replanteamiento mucho más abarcador y global de los programas de cooperación con los demás países de la Organización de Estados Americanos.
Y puede hacerlo profundizando operativamente (y no solo a través de foros y de reportes) los programas de cooperación con la Unión Europea (ue) en lo relativo a la prevención social de la delincuencia organizada, ya que, con ese fin, desde 1995 la ue ha adoptado políticas de seguridad humana dirigidas a ejercer con más frecuencia 58 derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales.
Esto va mucho más allá del negocio Tex-Mex de la seguridad pública. Los mencionados programas europeos han generado políticas que mantuvieron o redujeron las tasas de infracciones juveniles, delitos organizados y de reincidencia criminal a niveles entre 55 y 70% menores que de Estados Unidos. Por lo tanto, el modelo de seguridad estadounidense continúa fallando, mientras que el europeo produce los mejores resultados en seguridad humana.
Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.
Hay que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados.
Los choros y algoritmos prefabricados por pseudoacadémicos en Estados Unidos y México, «contratados» por el gobierno federal en turno, no sustituirán a este único resultado que toda persona de a pie comprende. Sin reducir las frecuencias de estos 22 delitos, la inversión doméstica y la extranjera directa no despuntarán para catapultar a México al crecimiento económico con todo el potencial que le otorga su estadio demográfico beneficioso.
Al adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos, la nueva administración federal mexicana le permitirá al país recuperar su rol como líder en la armonización regional de políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias (incluyendo la armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria del consumo y producción de drogas hoy ilícitas). La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.
Edgardo Buscaglia, doctor en Derecho y Economía, presidente del instituto de Acción Ciudadana en México e investigador senior en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, publicó dos artículos en la revista Variopinto, en los números de noviembre y diciembre sobre seguridad, crimen organizado y los retos que enfrentará el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El primer artículo plantea que la crisis humanitaria y de seguridad que México vive hoy México presenta al nuevo gobierno desafíos históricos, pero también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional. El segundo habla de las consecuencias que puede tener un Estado si no articula con urgencia las medias regulatorias para contrarrestar la corrupción y frenar la circulación de dinero sucio.
A continuación la versión íntegra de los textos de Edgardo Buscaglia: Artículo 1: “Cooperación Internacional: ¿Seguridad humana o pax mafiosa?” Edgardo Buscaglia/ Variopinto Noviembre de 2012 La crisis humanitaria y de seguridad humana que vive hoy México le presenta a la administración de Enrique Peña Nieto no sólo desafíos históricos, sino también oportunidades para recuperar su liderazgo internacional.
La cooperación para el desmantelamiento de empresas criminales formadas por personas físicas y morales que operan en un mínimo promedio de siete países requiere coordinar y armonizar las políticas anticrimen, sociales, fiscales y regulatorias en temas de armas, drogas, migración, finanzas y cuantas afecten los bienes y servicios traficados por los mencionados grupos delictivos. Hoy estas políticas no están ni siquiera convergiendo hacia una armonización o coordinación internacional.
Ante la disminución cada día mayor de las barreras contra el flujo internacional de personas, capitales financieros, información y tecnologías, la falta de acuerdos de hecho subsidia la expansión de la delincuencia transnacional.
Una empresa criminal es un grupo organizado de personas que gestiona y realiza transacciones frecuentes de bienes y servicios ilegales (por ejemplo, productos de piratería y dinero falsificado) o bien legales (personas, automóviles, cigarrillos o joyas) pero a través de canales ilícitos.
Sus estructuras incluyen directorios ejecutivos que suelen estar integrados por políticos y empresarios legalmente constituidos en los registros de la propiedad mercantil de diversos países.
También manejan grupos armados internacionales para proteger sus estructuras económicas y poseen franquicias en varias jurisdicciones geográficas que procesan las transacciones de bienes y servicios, y pagan tasas o cuotas a los directivos de la organización. Las empresas criminales transnacionales participan en el intercambio de 23 tipos de bienes y servicios.
Las de origen mexicano operan 22 delitos en 58 países. Con la única excepción del tráfico de material radiactivo, cometen delitos como la más variada trata de seres humanos (que es además un crimen contra la humanidad), incluyendo la de migrantes y de órganos, así como el contrabando de armas y otras mercancías, delitos cibernéticos, la piratería, extorsiones, secuestros y por supuesto el narcotráfico, más otros 12 delitos tipificados como propios del crimen organizado.
Esta enorme diversidad de mercados determina que los grupos criminales transnacionales de mayor envergadura —como la organización de El Chapo Guzmán o Los Zetas y afiliados, la Cosa Nostra siciliana, la Yakuza japonesa, las Tríadas chinas, el mkm o Rehman Dekai pakistaní sin dejar de mencionar la organización rusa de larga data Vory v Zakone— en conjunto operen en todo el orbe.
De acuerdo con reportes de actividades sospechosas emitidos por unidades de inteligencia desde 1998 hasta la fecha, esta expansión de las empresas delictivas a todos los países se gestiona con el fin de obtener insumos como las materias primas, precursores o seres humanos de países pobres como Bolivia, Haití, Somalia y Sudán, para luego establecer capacidades de producción y distribución (como es el caso mexicano o nigeriano) para finalmente vender el producto o servicio y colocar e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países de mayor poder adquisitivo, que concentran el 68% del lavado de dinero mundial.
En contraste, en un contexto general, la coordinación entre Estados para reprimir a las empresas criminales y la convergencia entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado para prevenir la captura del tejido social por las mismas, dejan aún mucho que desear. Con raras excepciones, las sociedades civiles no cooperan operativamente más allá de conferencias lujosas o reportes financiados por ricas organizaciones o Estados integrantes de la ocde.
Un raro ejemplo de la mejor práctica y de admirable coordinación es la red italiana Libera, que tiene como objetivo establecer vínculos operativos entre asociaciones civiles latinoamericanas y europeas para instaurar mecanismos de apoyo a víctimas de las mafias y a sus familiares, ya sea en forma de refugio físico y patrimonial o asesoría jurídica, previniendo además que se reiteren los cuadros victimológicos.
Los Estados normalmente se limitan a reaccionar ante el crimen organizado y a coordinar parcialmente sus actividades en el nivel regional, con una fuerte tendencia a reprimir un pequeño rango de delitos, en su mayoría ligados al tráfico de drogas, lo que después genera un búmerang o paradoja de más corrupción y violencia, pues carecen de políticas públicas de coordinación operativa global para desmantelar el patrimonio ilícito de aquellos funcionarios de alto nivel que pertenecen a directorios de mafias o que solo fueron comprados por estas.
Un Estado débil por falta de controles, que genere mayor represión sin brindar justicia ni desmantele el patrimonio criminal y carezca de prevención social, sufrirá más violencia organizada y mayor corrupción. Este es el caso de México durante los últimos 10 años.
Desde el punto de vista jurídico, los Estados han homogeneizado sus marcos legales muy lentamente al ratificar dos instrumentos de la onu: la Convención contra la Delincuencia Organizada, conocida como la de Palermo, y contra la Corrupción, también llamada de Mérida, ambas conjugadas con las 49 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ambas convenciones poseen capítulos completos dedicados a la coordinación internacional de autoridades en áreas ligadas a las asistencias legales mutuas y judiciales en procedimientos penales, civiles y administrativos.
Sin embargo, a la hora de valorar la aplicación real de los artículos de estas convenciones de la onu se observa que, realmente, México solo lleva a la práctica un 43% de las cláusulas de coordinación internacional de la Convención de Palermo y un 15% de las del capítulo de coordinación internacional de la Convención de Mérida para combatir a la corrupción política, tanto mexicana como extranjera.
Por ejemplo, después de más de seis años de haberse ratificado la Convención de Mérida, este país todavía no posee un programa coordinado internacionalmente para la protección de testigos de corrupción; tampoco ha procesado ni siquiera un caso de recuperación internacional de activos derivados de actos de corrupción de políticos.
En lo que se refiere a la aplicación real de medidas de investigación, los mecanismos de coordinación internacional entre cuerpos policiacos han avanzado gracias a la intermediación y la asistencia técnica de la Interpol.
Sin embargo, las unidades de inteligencia financiera de distintos países solo se coordinan a través de muy acotados convenios bilaterales de capacitación y deliberan en lujosos foros internacionales, ante la total inutilidad operativa de la Oficina (local) de la onu para el control de las Drogas y la prevención del Delito (onudd) en México, que se ha transformado en contratista de los gobiernos federales de turno.
Así, la actual descoordinación internacional en áreas de inteligencia operativa limita la capacidad de los Estados para identificar, incautar y decomisar el tsunami de productos derivados de 22 tipos de delitos económicos organizados, y por lo tanto para reducir los incentivos económicos de las empresas criminales de diverso origen en cuatro continentes y con cabezas de playa en México.
En este marco de cooperación internacional limitado, Estados Unidos focaliza sus programas antilavado con México en las drogas, dejando de lado el similar énfasis y la aún más compleja cooperación de inteligencia y judicial que se requieren para avanzar contra delitos trasnacionales mucho más graves, como el tráfico de migrantes y de órganos, la trata de personas, la prostitución forzada y la pornografía infantil.
A esta defectuosa coordinación entre Estados Unidos y México se le suma el aún escaso intercambio de análisis de inteligencia basado en la desconfianza de sucesivos gobiernos estadounidenses por frecuentes infiltraciones mafiosas en las agencias policiales, judiciales y de inteligencia de México. No existe más clara muestra de los vacíos de coordinación y sesgos de represión que la fallida Iniciativa Mérida.
Esta fue concebida en 2006-2008 y vendida a los mexicanos como un programa de cooperación «integral» de seguridad «pública» entre Estados Unidos, México y Centroamérica con el fin de «combatir» el narcotráfico, la delincuencia organizada transnacional y el lavado de dinero, todo ello mediante programas de capacitación, asistencia técnica por millones de dólares que terminaron por asignarse en su mayor parte a consultoras privadas «cercanas» a las agencias federales estadounidenses y a consultores mexicanos «con posturas amistosas» hacia el gobierno de su propio país.
La Iniciativa Mérida no funciona con base en el verdadero organigrama de las mafias regionales. Ya no es posible separar el flujo patrimonial que el tráfico de drogas le genera a un grupo y el dinero producto de los otros 21 tipos de delitos organizados.
Sin embargo, Estados Unidos continúa enfocado en una política antidrogas miope y mal diagnosticada, ya que según la dea el narco le genera a las mafias mexicanas un flujo de efectivo de entre 12 mil y 23 mil millones de dólares al año, mientras que el verdadero monto derivado de los otros 22 delitos organizados es exponencialmente mayor. Y mientras tanto Estados Unidos sigue concentrando aproximadamente el 18% del lavado de dinero mundial en su territorio.
Los programas de cooperación entre México y Estados Unidos propuestos hasta el momento no abordan los enormes vacíos regionales en materia de prevención social de la delincuencia organizada, tampoco abordan la hasta ahora fallida coordinación interinstitucional entre poderes judiciales y fiscales a nivel internacional, de forma que vaya más allá de las usuales capacitaciones-show en hoteles de lujo y de las extradiciones, que en México se utilizan como «válvula de escape» ante el sistema judicial mexicano corrupto y colapsado.
La cooperación bilateral tampoco aborda la formación de fuerzas de tarea conjuntas para el desmantelamiento patrimonial de las organizaciones criminales, que involucren a aduanas mexicanas en red con unidades de investigación en esa materia en cada una de las 32 entidades federativas, con la unidad de inteligencia financiera federal y las autoridades fiscales representadas por auditores federales y estatales, todos ellos compartiendo sus bases de datos y capacidades operativas de campo de manera coordinada con sus homónimos de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y el Caribe.
Este claro vacío de capacidades interinstitucionales internacionales representa para México la oportunidad de enfrentarlo con un replanteamiento mucho más abarcador y global de los programas de cooperación con los demás países de la Organización de Estados Americanos.
Y puede hacerlo profundizando operativamente (y no solo a través de foros y de reportes) los programas de cooperación con la Unión Europea (ue) en lo relativo a la prevención social de la delincuencia organizada, ya que, con ese fin, desde 1995 la ue ha adoptado políticas de seguridad humana dirigidas a ejercer con más frecuencia 58 derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales.
Esto va mucho más allá del negocio Tex-Mex de la seguridad pública. Los mencionados programas europeos han generado políticas que mantuvieron o redujeron las tasas de infracciones juveniles, delitos organizados y de reincidencia criminal a niveles entre 55 y 70% menores que de Estados Unidos. Por lo tanto, el modelo de seguridad estadounidense continúa fallando, mientras que el europeo produce los mejores resultados en seguridad humana.
Los homicidios dolosos ligados a los 22 tipos de delitos económicos organizados pueden reducirse, ya sea porque los grupos criminales se dividen los territorios de manera realmente «organizada» y consolidan su poder sobre el Estado mexicano en un proceso de «pax mafiosa», o porque México se institucionaliza democráticamente para converger hacia las mejores prácticas de gobernabilidad de los demás países de la ocde.
Hay que recordar que la cooperación internacional es una condición necesaria, pero está lejos de ser suficiente para que las instituciones mexicanas demuestren que sí contienen a grupos criminales y lo hagan mediante el único resultado que realmente cuenta: la reducción consistente en las frecuencias de 22 tipos de delitos económicos organizados.
Los choros y algoritmos prefabricados por pseudoacadémicos en Estados Unidos y México, «contratados» por el gobierno federal en turno, no sustituirán a este único resultado que toda persona de a pie comprende. Sin reducir las frecuencias de estos 22 delitos, la inversión doméstica y la extranjera directa no despuntarán para catapultar a México al crecimiento económico con todo el potencial que le otorga su estadio demográfico beneficioso.
Al adoptar una política de seguridad humana integral a través de una cooperación técnica global, y no sesgada hacia Estados Unidos, la nueva administración federal mexicana le permitirá al país recuperar su rol como líder en la armonización regional de políticas judiciales, económicas, sociales y regulatorias (incluyendo la armonización regulatoria regional migratoria y regulatoria del consumo y producción de drogas hoy ilícitas). La adopción de políticas regionales de desarrollo global le permitirá a México recuperar su rumbo de cooperación y de liderazgo hemisféricos.
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